División de Protección Social para Personas Migrantes recibió representantes consulares de América Latina y el Caribe

El miércoles 3 de junio de 2026 la División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social recibió en el Centro de Referencia para Personas Migrantes (CRM), ubicado en Ciudad Vieja, a representantes consulares de los países miembros del Grupo de América Latina y el Caribe (GRULAC) acreditados ante el Gobierno de la República Oriental del Uruguay.
NACIONALES08/06/2026InfopaísInfopaís

La convocatoria fue impulsada conjuntamente por la Embajada de la República de Colombia, en su calidad de Presidencia Pro Témpore del GRULAC en Uruguay, y la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos. La reunión constituyó un espacio privilegiado de articulación entre la política pública nacional en materia migratoria y las redes de asistencia consular de los países de la región.

La asistencia consular representa un eslabón fundamental en la cadena de protección de los derechos de las personas migrantes. Las representaciones consulares son, en muchos casos, el primer punto de contacto institucional al que acceden las personas en situación de movilidad humana cuando enfrentan dificultades administrativas, jurídicas o sociales en el país de destino.

La articulación entre la División y las representaciones consulares permite tender puentes institucionales que facilitan el acceso a documentación, la orientación en procesos migratorios, la vinculación con redes comunitarias y el acompañamiento en situaciones de vulnerabilidad. Este vínculo es especialmente relevante en casos que involucran personas en situación irregular, solicitantes de asilo, víctimas de violencia o en riesgo de situación de calle.

Migración, comunidad y territorio

Las comunidades migrantes que habitan en Uruguay no constituyen una categoría abstracta: son personas con trayectorias, proyectos de vida y vínculos comunitarios concretos. La División entiende la integración social no como un proceso de asimilación, sino como la construcción de condiciones materiales y simbólicas que permitan a las personas migrantes ejercer sus derechos con plena dignidad en los territorios donde residen.

El trabajo conjunto con los cónsules permite capitalizar el conocimiento situado que las representaciones consulares tienen sobre sus comunidades nacionales en Uruguay: sus necesidades, sus trayectorias, sus formas de organización y los obstáculos que enfrentan para acceder a los sistemas de protección social. Esta inteligencia territorial es indispensable para diseñar intervenciones pertinentes y evitar la fragmentación institucional.

El trabajo de la División: misión y alcance

La División de Protección Social para Personas Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiadas del Ministerio de Desarrollo Social tiene como mandato institucional garantizar el acceso de las personas en situación de movilidad humana a los derechos y prestaciones del sistema de protección social uruguayo, en condiciones de igualdad y no discriminación. Su trabajo se desarrolla desde el Centro de Referencia para Personas Migrantes, espacio que opera como puerta de entrada al sistema público para quienes llegan al país.

Entre las líneas de trabajo que hacen a la labor cotidiana de la División se destacan: la orientación y acompañamiento en procesos de regularización migratoria; la articulación con el Sistema Nacional de Cuidados, el Sistema Nacional Integrado de Salud y el Ministerio de Vivienda; la atención a personas en situación de calle con énfasis en la perspectiva de derechos; la coordinación con ACNUR, OIM, INAU y la Junta Nacional de Migración; y el desarrollo de propuestas normativas orientadas a remover barreras estructurales de acceso.

El encuentro del 3 de junio refuerza la vocación de la División de construir un trabajo conjunto, sostenido y con perspectiva regional. La presencia de los cónsules en el CRM —espacio físico y simbólico del trabajo cotidiano de la División— expresa la posibilidad de convertir la coordinación interinstitucional en una práctica viva, orientada a las personas y a sus derechos.

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