Sergio Sommaruga: “La reforma de la seguridad social también es una discusión moral”

Cotelo interpeló a Sommaruga –con su tono característico, siempre respetuoso y profundo- sobre cada uno de los puntos centrales de la propuesta del movimiento sindical en la papeleta del Sí.    

Motivos

En referencia a algunos conceptos que se han manejado a nivel público contra la iniciática del movimiento sindical, Sergio Sommaruga afirmó que “no es cierto que la iniciativa pueda perjudicar a los trabajadores de menores ingresos, porque las jubilaciones y pensiones subirán a 22.300 pesos, que es el valor nominal del salario mínimo nacional”. Añadió que “las personas que ganan 400.000 pesos por mes ponen el grito en el cielo por un aumento de 3.500 pesos para los más necesitados. Por eso decimos que ésta también es una discusión moral”.

Recordó que en la interna del PIT-CNT, lo primero que se hizo para impulsar el plebiscito fue tratar de generar “todas las condiciones posibles a través del diálogo y de la movilización social para evitar los perjuicios que tiene la Ley 20.130, que son muy graves y confiscatorios para las grandes mayorías de los trabajadores. No se escuchó a los trabajadores, y se soslayó su capacidad y vocación por intervenir en la política pública de forma democrática”.

Sommaruga cuestionó que, además, el presidente Lacalle Pou había dicho en campaña electoral que no cambiaría las reglas de juego para la ciudadanía, “pero mintió a los ciudadanos y a los trabajadores, generando un perjuicio al extender en cinco años la edad de retiro y provocar una pérdida del 10% de la jubilación, al bajar el promedio salarial jubilatorio del 55% al 45%”.

“Nuestra iniciativa consagra en la Constitución de la República la seguridad social como derecho fundamental y genera un escenario de gran diálogo social para una reforma integral, profunda y eficiente de la seguridad social”, remarcó el dirigente sindical en declaraciones al programa En Perspectiva.

Agregó que el plebiscito no se contrapone con el diálogo social y tampoco constituye una reforma del sistema de seguridad social, porque no corrige otros aspectos que son necesarios para pensar en un Uruguay del futuro humanista, civilizado y democrático, “como el sistema de cuidados, el trabajo para personas con discapacidad y aspectos vinculados al financiamiento”.

“¿Hasta cuándo es pensable en el Uruguay del futuro, y en función de la evolución del trabajo, que el sostén principal de la seguridad social sea contributivo? Los sistemas más avanzados del mundo van hacia jubilaciones más cercanas al concepto de Renta Básica Universal, porque la sustitución del trabajo vivo por la tecnología es una tendencia”, advirtió.

Sommaruga refutó el planteo de quienes consideran que no es conveniente incluir la seguridad social en la Constitución, asegurando que la Carta Magna “no está escrita en piedra, sino que está basada en la democracia y puede ser modificada total o parcialmente a través de su artículo 331 y mediante el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos”.

Por otro lado, se preguntó si la expectativa de vida es la misma en los sectores más pobres de la sociedad que en los más ricos. Añadió que, en muchos países de Europa, las personas se jubilan a los 67 años porque lo hacen con el 100% de su salario.

Cuestionó, asimismo, que la Ley 20.130 “no tuvo ingeniería social, ni lucidez holística, ni mirada integral ni perspectiva estratégica, porque una reforma de la seguridad social no se puede procesar al margen de otras dos reformas como la tributaria y la laboral”.

Rechazó el documento de los economistas progresistas referido a la afirmación de que la papeleta no cumpliría con el objetivo de que las personas efectivamente puedan jubilarse a los 60 años. “Esta situación existía en el momento en que ocuparon cargos en el gobierno progresista. Pasaron 15 años con crecimiento económico, poder parlamentario e incidencia institucional directa, entonces, ¿por qué no lo cambiaron?”, interrogó.

El dirigente planteó que “lo primero debe ser la autocrítica, porque es fácil endilgarle al movimiento sindical cuando plantea una iniciativa propositiva en la sociedad -que por supuesto no resuelve todos los problemas- pero esta reforma constitucional no está en desmedro del diálogo social ni sustituye la necesidad de una reforma integral”.

Dijo que “hay 300.000 personas que trabajan en la informalidad” y que ello es “responsabilidad de las políticas públicas y de una lógica deficitaria desde el punto de vista del mercado laboral para asegurar el derecho al trabajo a esas personas”.

Añadió que “hay 170.000 personas desocupadas que se suman a las 300.000 que están en la informalidad, y sobre esto el informe de los economistas progresistas no habla, le echa la culpa al movimiento sindical”.

En cuanto al posible desequilibrio de las cajas paraestatales, como la notarial, bancaria y profesional, y al perjuicio para las dos últimas que aprobaron la jubilación a los 65 años, dijo que le llama la atención que el Partido Colorado “no haga referencia a los costos multimillonarios que implica que el gobierno, a través de los impuestos que cobra a todos los trabajadores, financie a las cajas paraestatales, debido al aporte que obligatoriamente todos los trabajadores de las cajas profesional y bancaria tienen que hacer a las AFAP. En lugar de que el 15% del ahorro jubilatorio vaya a la caja paraestatal, irá un 10%, y el otro 5% irá a la AFAP. Entonces, la caja paraestatal se desfinanciará aún más, y ese 5% lo pondrá el gobierno, lo que equivale a 5.000 millones de dólares. Con eso no se podrá erradicar la pobreza infantil”.

Sommaruga manifestó que se deberá adecuar la disposición constitucional para ajustar la edad a la realidad de las cajas paraestatales. “No estamos ante un callejón sin salida”, afirmó.

 Aumento de jubilaciones

Sobre el incremento de las jubilaciones más bajas hasta hacerlas coincidir con el salario mínimo nacional, lo que ha sido cuestionado porque afirman que el salario es fijado por las autoridades de turno y podrían decidir no aumentarlo para frenar el gasto, el dirigente sindical respondió que “la evolución de las prestaciones es por el Índice Medio de Salarios; el piso lo coloca el salario mínimo nacional, y es una vergüenza que a más de 300.000 jubilados y pensionistas se les pague 18.800 pesos nominales”.

“Si se equiparan las jubilaciones y pensiones con el salario mínimo nacional, tendrán un aumento de 3.500 pesos, lo que mejorará en algo la calidad de vida de esas personas que se encuentran en la fragilidad y postergación de derechos. La sumatoria entre jubilaciones y pensiones es de 460 millones de dólares”, aseguró.

“No es cierto que pueda perjudicar a los trabajadores de menores ingresos, porque las jubilaciones y pensiones subirán a 22.300 pesos, que es el valor nominal del salario mínimo nacional. Las personas que ganan 400.000 pesos por mes ponen el grito en el cielo por un aumento de 3.500 pesos. Esto también es una discusión moral”, sentenció.

Añadió que “por más que se congele el salario mínimo nacional, las prestaciones evolucionarán por el Índice Medio de Salarios, es decir, la evolución de las jubilaciones y pensiones va por otro carril”.

Además, aclaró que todos los salarios de los trabajadores en Uruguay se regulan por la Ley de Negociación Colectiva y no se fijan por el salario mínimo nacional, sino que “se fijan por los laudos de los Consejos de Salarios”.

En relación a la afirmación del colectivo Frenteamplistas por el “No” a la reforma, sobre que supuestamente se generará una “injusticia” entre pasivos, porque aumentará cada una de las pasividades hasta el salario mínimo nacional sin tener en cuenta el ingreso total de la persona, Sommaruga aclaró que “la papeleta establece el aumento de jubilaciones y pensiones mínimas al valor del salario mínimo nacional, es decir, pasarían de 18.800 pesos a 22.300 pesos. La definición de salario mínimo está atada a la persona, y si hay dos interpretaciones plausibles, será el Parlamento el que laude y reglamente la interpretación correcta, como así lo aclaró el Banco de Previsión Social”. Y agregó de manera categórica: “no hay que generar terrorismo verbal en la gente”, remarcó.

De espaldas al mundo

Sobre la eventualidad de juicios de quienes aportan a las AFAP por la eliminación de las mismas, dijo que “Uruguay está de espaldas al mundo, porque el modelo AFAP es muy ineficiente y muy caro. El sistema de AFAP se queda con una quinta parte del ahorro jubilatorio de una persona. ¿Por qué no se cobran de la rentabilidad y el ahorro? Pues, porque en Uruguay, durante ocho años, las administradoras dieron pérdidas, tuvieron rentabilidad negativa”.

Además, cuestionó que “el 70% de las personas que se jubilan por AFAP perciben 1.800 pesos y con más de 20 años de aportes. Asimismo, ocho de cada 10 personas cobrarían más si sólo se hubiesen jubilado por el BPS. Al 80% de los uruguayos, la AFAP no les sirve. Sólo Uruguay sigue prendido a un modelo caro, ineficiente e inviable para los trabajadores de a pie”.

Sommaruga también subrayó que los ahorros de las personas fueron a parar de manera obligatoria a las AFAP, y remarcó que, con la creación del fideicomiso propuesto en la reforma, las personas cobrarían lo mismo o más, por lo que no habría menoscabo. “Es mentira que el dinero es de propiedad del trabajador y que es heredable, porque por algún motivo, del 100% de las rentas vitalicias, sólo el 3% son por herencia”.

En referencia a posibles demandas de las AFAP por daños y perjuicios, Sommaruga indicó que, según la experiencia de Argentina, las administradoras que fueron eliminadas e iniciaron demandas internacionales terminaron perdiendo dinero.