Hombre imputado por comercio, almacenamiento y difusión de material pornográfico, entre otros delitos

La Fiscalía solicitó, como medida cautelar, la prisión preventiva del imputado que fue otorgada por el plazo de 180 días mientras continúa el análisis de los materiales hallados y la investigación en su conjunto.

POLICIALES 11/01/2025InfopaísInfopaís
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La Fiscalía Departamental de San José de 1er Turno, representada por la fiscal Serrana Corsino, obtuvo la formalización de la investigación que tiene como imputado a un hombre de iniciales F.T.E.A., como autor de reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, reiterados delitos de comercio, almacenamiento y difusión de material pornográfico en que aparezca la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad o personas incapaces en la modalidad de almacenamiento y difusión, todo ello en régimen de reiteración real (arts. 1, 18, 54, 60 CP, 2 y 4 de la ley 17.815).

En cuanto a los hechos, el 27 de noviembre de 2024 se presentaron en la sede fiscal de San José los padres de una adolescente para radicar una denuncia contra el hoy imputado. En ella manifestaron que su hija (de 13 años) había estado recibiendo numerosos mensajes telefónicos de parte de su tío. Alertada la madre por el caudal de los mismos, consultó a su hija y esta le relató la naturaleza de estos mensajes, resultando inapropiados y con contenido de índole sexual. Le dijo, además, que el imputado le escribió “borra todo porque sino me matan”. En virtud que el denunciado es funcionario policial, los padres de la víctima solicitaron realizar la denuncia en sede fiscal, señalando la posible existencia de otra víctima, también sobrina adolescente del imputado.

La fiscalía dio comienzo a la investigación, interviniendo el Departamento de Investigaciones de Delitos Especiales de INTERPOL (DIDE).

Se dispuso el allanamiento del domicilio del imputado en el que se incautaron diversos medios tecnológicos. Del análisis de este material, aún incipiente y a cargo del Laboratorio de Análisis Informático de la Dirección Nacional de Policía Científica, se extrajeron conversaciones que muestran la clara existencia de una retribución o promesa de retribución a la víctima a fin de ejecutar actos con connotaciones sexuales. Entre los muchos mensajes, surgen algunos en los que el imputado le decía a la víctima que la cantidad y calidad de los "premios" o regalos dependían de lo que él obtuviera de ella.

Además de estos mensajes, se extrajo de los dispositivos -hasta el momento- innumerables archivos de videos y fotografías con pornografía y abuso sexual infantil y en línea; contenido que el imputado descargó de internet u obtuvo participando en grupos de plataformas donde se difundían contenidos de sexo explícito. A modo ilustrativo, solo en uno de los archivos analizados se encontraron más de 100.000 elementos, imágenes y videos explícitamente pornográficas que involucran a personas menores de edad.

Se están analizando, asimismo, los chats extraídos del celular del imputado compuesto por una vastísima cantidad de archivos donde también se verifica la difusión del material explícito, es decir, con imágenes y videos de menores de edad. Consta de una extensa cantidad de archivos, solo el primero tiene más de 35.000 páginas y del que únicamente se ha podido analizar un 10% hasta el momento.

Queda aclarar que lo señalado respecto del material hallado es resultado de un análisis muy primario, siendo esperable que del estudio más abarcativo surjan más elementos a considerar en la presente investigación.

La Fiscalía se valió de la siguiente evidencia: el parte policial, los archivos extraídos (hasta el momento) de los dispositivos electrónicos encontrados en el domicilio del imputado, el informe de DIDE, actas de los allanamientos y declaración de los oficiales que intervinieron.

La Fiscalía solicitó, como medida cautelar, la prisión preventiva del imputado que fue otorgada por el plazo de 180 días mientras continúa el análisis de los materiales hallados y la investigación en su conjunto.

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La condena es por diez años de penitenciaría e incluye la inhabilitación del ejercicio de la patria potestad, la suspensión para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área de la educación o salud, la reparación patrimonial por un monto equivalente a doce salarios mínimos a la víctima, así como la prohibición de comunicación y su inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

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