El proyecto de ley para limitar el poder de las delegaciones políticas en las comisiones binacionales, anunciado por el entonces canciller Francisco Bustillo en respuesta a la controversia por las contrataciones en Salto Grande, está cerca de convertirse en ley. La Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados aprobó esta semana la iniciativa, que ya había sido votada por unanimidad en el Senado en diciembre pasado y ahora pasará al plenario de la cámara.

El texto establece que los delegados de las comisiones técnicas mixtas de Salto Grande y la del Frente Marítimo, así como las comisiones administradoras del Río Uruguay (CARU) y del Río de la Plata (CARP), "deberán abstenerse de formar parte de comisiones o clubes políticos y ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto".

Este proyecto busca evitar que dirigentes con aspiraciones políticas utilicen estos organismos binacionales como plataformas políticas, como fue el caso del nacionalista Carlos Albisu, presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y postulante por el Partido Nacional para la Intendencia de Salto, quien renunció ante las 36 designaciones directas que generaron controversia.

Además, la iniciativa anunciada por Bustillo también implicaba que el Poder Ejecutivo, mediante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y los ministerios de Economía, Industria, Transporte y Cancillería, fijaría "las pautas y líneas de acción" que cada delegación uruguaya deberá seguir "en materia presupuestal y de gestión financiera".

Tanto en el Senado como en la Comisión de Diputados, el proyecto fue votado por unanimidad. "La bancada del Frente Amplio está dispuesta a votar el proyecto que remitió el Poder Ejecutivo tal como vino del Senado, de modo de darle un trámite ágil y poderlo concretar como ley a la brevedad posible", afirmó el diputado del MPP, Nicolás Viera. Por su parte, el blanco Javier Radiccioni coincidió en "dar trámite tal como vino del Senado" y que "los aditivos y demás se presenten en el pleno de manera de garantizar todas las posibilidades y que surjan los acuerdos pertinentes".

En octubre del año pasado, el Senado ya había aprobado un texto similar propuesto por el nacionalista Jorge Gandini, uno de los más críticos con el accionar de Albisu en Salto. Sin embargo, al llegar este texto a Diputados, los representantes blancos indicaron que se debía priorizar la redacción del Poder Ejecutivo.