Martinelli y Lozano estuvieron acompañados por los subsecretarios de ambas carteras, Pablo Abdala y Tabaré Hackenbruch; la directora general del MI, María José Oviedo; la titular de la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu) del MVOT, Florencia Arbeleche, y el director nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial del MI, Luis Rodríguez.

Lozano destacó la importancia del convenio, que permite la compra de viviendas usadas con el fin de otorgar soluciones habitacionales para aquellos policías que más lo necesiten. En ese sentido, señaló que se trata de “tender la mano” y que el Estado esté presente para cooperar con quienes se desempeñan en el área de seguridad.

Rodríguez manifestó que ambos ministerios buscan soluciones en materia de vivienda para familias de efectivos policiales en situación de vulnerabilidad, en especial, los que viven en asentamientos o no pueden obtener préstamos hipotecarios.

Detalló que desde 2020 se han otorgado más de 300 soluciones habitacionales, entre compras de casas, préstamos para la adquisición de casas o terrenos y para reforma o ampliación, subsidios de alquileres o asistencia debido a inclemencias climáticas o siniestros. “Todo con transparencia en el manejo de los fondos económicos”, afirmó el jerarca, quien adelantó que pronto las habrá para efectivos policiales que cumplen funciones en seccionales de Paysandú.

El plan Avanzar es un programa de erradicación de asentamientos impulsado por Mevir y el MVOT, a través de la Dinisu. En este marco, el convenio entre esa secretaría de Estado y el MI posibilita que los funcionarios policiales del escalafón L que residieran en asentamientos irregulares a la fecha del relevamiento efectuado en 2021 accedan a una vivienda a través de diferentes propuestas. Para ello, se les otorga un monto máximo de 65.000 dólares no reembolsables, dependiendo de la composición del núcleo familiar y la cantidad de dormitorios, para la compra de una vivienda usada.

Al funcionario policial que recibió una casa en la jornada se le solicitó la firma de un consentimiento de intención de ser realojado. El estudio de cada situación se realizó con base en cuatro dimensiones (sanitaria, socioeconómica, inseguridad e insalubridad), se seleccionó a los potenciales beneficiarios y se elaboró una lista de prelación según las vulnerabilidades de cada familia. Luego se conformaron tres grupos en Montevideo, Canelones y el resto del país.

Una vez adquirida la vivienda, se acompaña a las familias mediante un equipo multidisciplinario durante cinco años, gracias al aporte del Fondo de Vivienda Policial del MI. Durante ese período, se firma un comodato con el funcionario, quien debe cumplir con determinados requisitos; pasado ese lapso, se le transfiere la propiedad.