La presentación se realizó en el Palacio Legislativo, con la presencia de la vicepresidenta Beatriz Argimón; el ministro de Turismo, Eduardo Sanguinetti; la titular del Conapees, Nancy Lema, y el representante de Unicef en Uruguay, Francisco Benavides.
Autoridades promueven prevención de explotación sexual de menores en la actividad turística
Este 24 de setiembre, autoridades de Turismo, Unicef y del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual, Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) presentaron las acciones preventivas en la materia realizadas en el período 2021-2024. Los jerarcas coincidieron sobre la importancia de trabajar en la sensibilización de las personas para lograr la detección temprana de riesgos.
Sanguinetti afirmó que la prevención de la explotación sexual comercial de niños y adolescentes en la actividad turística constituye uno de los ejes de acción de la cartera. En ese sentido, recordó que desde 2023 está vigente el Código Nacional de Conducta para la Prevención de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo, un código que prioriza la capacitación y sensibilización del personal de las empresas turísticas en los derechos de la infancia y adolescencia y promueve la divulgación de información sobre estos derechos a visitantes y viajeros.
Lema, por su parte, recordó en su oratoria que el Conapees es presidido por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) e integrado por más de 20 instituciones. Realizó una reseña histórica de esa entidad que fue creada por el decreto 385 de 2004 y que, desde entonces, ha trabajado en planes de acción nacionales quinquenales. También destacó la elaboración, con la consultoría de Unicef, de la Guía Nacional Interinstitucional de Acciones, que conforma una red interinstitucional destinada a abordar y combatir el tema.
“Trabajar en la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, y desde la sensibilización de las personas en la detección temprana es fundamental”, subrayó Lema. Agregó, además, que incluso en cuanto al factor económico “es más costoso tener un caso instituido, trabajar en la restitución de derechos y en la reparación de los daños, que en las campañas de prevención”.
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