Más de dos meses después de los devastadores sismos que golpearon principalmente a La Guaira y Caracas, Venezuela ingresó en una etapa decisiva. La extraordinaria solidaridad ciudadana permitió rescatar sobrevivientes y atender las primeras necesidades, pero la reconstrucción de viviendas, servicios, empleos e infraestructura exigirá una intervención estatal coordinada y sostenida.
Infopaís
Los terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio dejaron una profunda herida humana, urbana y económica que tardará años en repararse.
Los dos movimientos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se produjeron con apenas unos segundos de diferencia y ocasionaron una destrucción particularmente severa en el estado costero de La Guaira y en diferentes sectores de Caracas.
El último balance oficial disponible elevó a 6.509 la cantidad de personas fallecidas, mientras cerca de 17.900 habitantes debieron abandonar sus hogares. Las autoridades todavía no publicaron una cifra consolidada y verificable de desaparecidos, por lo que la verdadera dimensión humana de la tragedia continúa rodeada de incertidumbre.
A las pérdidas personales se agregan edificios derrumbados o inhabitables, vías interrumpidas, servicios dañados, comercios paralizados y miles de familias que perdieron simultáneamente sus viviendas, empleos y redes de apoyo.
Concluida la etapa más urgente de búsqueda y rescate, Venezuela enfrenta ahora una pregunta mucho más compleja: cómo convertir la respuesta solidaria inicial en un proceso de recuperación capaz de mantenerse durante los próximos meses y años.
La distribución de los daños presentó una particularidad que llamó la atención de especialistas en asistencia humanitaria.
En la mayoría de los grandes terremotos, las consecuencias más graves suelen concentrarse en las comunidades con mayores niveles de pobreza, asentadas en construcciones precarias y territorios vulnerables.
En La Guaira se produjo, en determinados sectores, una realidad diferente.
Numerosos edificios levantados cerca de la costa, sobre terrenos arenosos, colapsaron o sufrieron daños estructurales muy importantes. En cambio, una parte de las viviendas informales construidas en las laderas permaneció en pie debido a la mayor estabilidad del suelo rocoso.
Esta situación modificó el mapa tradicional de la vulnerabilidad.
Familias pertenecientes a sectores populares y de clase media baja, que antes de los terremotos no dependían directamente de programas de asistencia, perdieron en pocos segundos sus apartamentos, pequeños comercios, empleos, vehículos y pertenencias.
Muchas de ellas pasaron abruptamente de una relativa estabilidad a depender de refugios, campamentos, alimentos donados y asistencia pública.
La emergencia creó así un nuevo grupo de personas vulnerables, mientras miles de venezolanos que ya vivían en condiciones de pobreza extrema continuaron enfrentando sus dificultades anteriores.
Una de las imágenes más impactantes de las primeras horas fue la participación directa de familiares y vecinos en las tareas de rescate.
Ante la falta de maquinaria y la demora de los equipos especializados en algunos sectores, numerosas personas utilizaron palas, picos, barras y hasta sus propias manos para remover escombros.
La movilización no se limitó a buscar familiares.
Habitantes de los edificios afectados intentaron localizar a vecinos, conocidos y personas cuyos nombres ni siquiera sabían, pero a quienes reconocían como integrantes de la comunidad.
Ese comportamiento permitió rescatar sobrevivientes y evitó que la cantidad de víctimas fuera todavía mayor.
La capacidad de reacción reveló que, después de años de crisis económica, migración, deterioro institucional y conflictos políticos, la sociedad venezolana conserva una poderosa reserva de solidaridad.
Sin embargo, esa respuesta también dejó al descubierto una realidad preocupante: una parte importante de la población actuó por la convicción de que no podía esperar la llegada del Estado.
La organización espontánea resultó indispensable durante los primeros días, pero no puede convertirse en el modelo permanente para afrontar la reconstrucción.
Durante las primeras semanas, las donaciones de agua, alimentos, ropa, medicamentos, herramientas y materiales básicos permitieron atender necesidades impostergables.
Miles de voluntarios, organizaciones sociales, comunidades religiosas, empresas y venezolanos residentes en el exterior participaron en las campañas de ayuda.
No obstante, la asistencia comenzó a mostrar señales de dispersión y agotamiento.
La ausencia de una coordinación centralizada provocó que algunos sectores recibieran repetidamente determinados productos, mientras otras comunidades continuaban desatendidas.
También existió el riesgo de que la ayuda respondiera a la visibilidad alcanzada por cada lugar en las redes sociales y no a una evaluación técnica de las necesidades.
La solidaridad espontánea posee un enorme valor durante el momento inicial de una emergencia. Pero, cuando la etapa de rescate termina, resulta necesario establecer prioridades, registrar a los afectados, identificar las zonas menos atendidas y evaluar los recursos disponibles.
Sin esa coordinación pueden producirse duplicaciones, desperdicio de materiales y decisiones que, aun inspiradas en las mejores intenciones, no contribuyan a una recuperación duradera.
refugios reciben alimentos, atención médica y algún tipo de acompañamiento. Cuando deban abandonarlos, volverán a encontrarse con la pérdida de sus viviendas, empleos y fuentes de ingresos.
Por esa razón, el cierre de cada refugio debería estar acompañado por una solución concreta y no limitarse al simple traslado de sus ocupantes hacia otro espacio temporal.
La recuperación de Venezuela no dependerá solamente de las obras de infraestructura.
Una comunidad comienza verdaderamente a reconstruirse cuando sus habitantes vuelven a producir, trabajar y generar ingresos.
Los pescadores necesitan recuperar embarcaciones, equipos y puntos de comercialización. Los pequeños comerciantes deben reabrir sus negocios. Los trabajadores requieren medios de transporte para llegar a sus empleos y los productores necesitan restablecer sus cadenas de distribución.
Una de las alternativas utilizadas internacionalmente después de grandes catástrofes son los programas de dinero por trabajo.
Estos mecanismos permiten contratar temporalmente a personas damnificadas para realizar tareas vinculadas con la recuperación de sus propias comunidades, como limpieza de espacios públicos, retiro de escombros de menor escala, rehabilitación de servicios y reparación de infraestructura comunitaria.
El sistema presenta una doble ventaja: acelera la recuperación de los barrios y proporciona ingresos a familias que perdieron sus medios de subsistencia.
Además, evita que la asistencia permanezca limitada durante meses a la entrega de alimentos y otros productos.
Los terremotos fueron fenómenos naturales, pero sus consecuencias sociales dependerán de la calidad de la respuesta.
Una emergencia se transforma en un desastre prolongado cuando no existe coordinación, las instituciones actúan de manera fragmentada y las soluciones transitorias terminan convirtiéndose en permanentes.
La experiencia internacional demuestra que los primeros meses son determinantes.
Si la reconstrucción se demora, las familias pueden quedar atrapadas durante años en alojamientos precarios. Los niños pierden continuidad educativa, los pequeños emprendimientos desaparecen y aumenta la migración de quienes ya no encuentran posibilidades de rehacer sus vidas.
Venezuela enfrenta además el desafío de reconstruir en medio de una prolongada crisis económica, servicios públicos debilitados y una profunda desconfianza entre buena parte de la ciudadanía y las instituciones.
Esa falta de confianza dificulta la administración de las ayudas y obliga a establecer mecanismos transparentes de control y rendición de cuentas.
La reconstrucción deberá combinar la capacidad operativa del Estado, la experiencia de las organizaciones humanitarias, el apoyo de los organismos internacionales y la participación de las comunidades afectadas.
También será necesario crear registros públicos de damnificados, publicar información periódica sobre los recursos utilizados y establecer criterios verificables para la asignación de viviendas y programas de asistencia.
La ciudadanía demostró una capacidad extraordinaria para actuar frente a la tragedia.
Pero pedirle que asuma de forma indefinida responsabilidades propias del Estado significaría convertir una virtud colectiva en una excusa para la ausencia institucional.
La solidaridad permitió atravesar las primeras horas, rescatar sobrevivientes y sostener a miles de familias. Ahora debe ingresar en una nueva etapa: organizada, planificada y conectada con políticas públicas capaces de ofrecer soluciones permanentes.
Venezuela no solamente necesita reconstruir edificios.
Necesita recuperar empleos, servicios, escuelas, comunidades y confianza. Ese será el verdadero desafío de los próximos años: transformar la admirable reacción de su población en un proyecto nacional capaz de levantar nuevamente las zonas devastadas.
Fuentes consultadas: BBC News Mundo, Associated Press, Naciones Unidas y reportes humanitarios difundidos después de los terremotos.
