La competitividad volvió a quedar en el centro del debate económico durante el cierre de la 121.ª edición de la Rural del Prado. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, sostuvo que el país necesita abordar de manera conjunta el resultado de las cuentas públicas, los costos de producción, el funcionamiento de la infraestructura y las condiciones para exportar.

El planteo del sector fue más amplio que una discusión sobre el valor del dólar. Para la gremial, el tipo de cambio incide en la rentabilidad de quienes venden al exterior, pero la capacidad de competir también depende de cuánto cuestan los combustibles, la energía, el transporte, el crédito, los servicios y las regulaciones que forman parte de cada proceso productivo.

El equilibrio fiscal como punto de partida

Ferber afirmó que sin ordenar las cuentas públicas se corre el riesgo de atender solamente los efectos del problema y no una de sus causas principales. La señal apunta a que un desequilibrio fiscal persistente puede trasladarse a mayores necesidades de financiamiento, presión tributaria o costos que terminan afectando a las empresas y a la economía en su conjunto.

La ARU valoró que la competitividad haya ingresado con mayor fuerza en la agenda pública y destacó el intercambio con el gobierno. Al mismo tiempo, reclamó que el debate se traduzca en decisiones sostenidas y no quede limitado a medidas aisladas. El sector reivindicó las mejoras de productividad alcanzadas, entre ellas la capacidad de producir más kilos de carne en menos tiempo, pero advirtió que ese esfuerzo debe estar acompañado por un entorno económico que estimule nuevas inversiones.

Más mercados exigen una logística confiable

La apertura comercial fue otro de los ejes del discurso. La gremial señaló como oportunidades el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, los avances vinculados al bloque transpacífico y la aspiración de Uruguay de acercarse a la Asociación Económica Integral Regional, conocida como RCEP. Estos procesos pueden ampliar el acceso de los productos uruguayos a mercados de gran escala y mejorar las condiciones de ingreso.

Sin embargo, la posibilidad de vender más pierde fuerza si la mercadería no entra y sale del país con previsibilidad. En ese punto, Ferber cuestionó el impacto de los conflictos y las interrupciones en el Puerto de Montevideo, y respaldó la fijación de servicios mínimos. Para los exportadores, cada demora puede traducirse en sobrecostos, incumplimientos y pérdida de confianza frente a compradores internacionales.

La discusión por la jornada laboral

La propuesta de reducir de forma general la jornada laboral también fue observada con cautela por la ARU. Ferber consideró que actualmente no existen condiciones para avanzar en una modificación uniforme y alertó que, si no se contemplan la productividad y las características de cada actividad, la medida podría desalentar la inversión, limitar la incorporación de valor agregado y afectar el empleo industrial.

Como alternativa, la gremial planteó modernizar normas que dificultan la contratación y la organización del trabajo. También destacó la necesidad de invertir en infraestructura y servicios en el interior para facilitar que más trabajadores puedan radicarse en centros poblados cercanos y desempeñarse en el medio rural.

Un reclamo que trasciende al sector rural

El mensaje dejó una definición política y económica: para el agro, la competitividad debe ser entendida como una construcción sistémica. No alcanza con modificar una variable si permanecen altos los costos logísticos, fiscales, energéticos o laborales, o si la infraestructura no asegura continuidad.

La discusión tendrá impacto más allá del campo. El agro y las cadenas vinculadas generan exportaciones, empleo, actividad industrial, transporte y servicios en todo el territorio. Por eso, las respuestas que adopten el gobierno, las empresas y los trabajadores incidirán en la capacidad del país para aprovechar nuevos mercados y transformar esas oportunidades en crecimiento sostenible.