Responsabilidad transversal: Reinstalación del Consejo Nacional de Equidad Racial y Afrodescendencia

Este órgano consultivo que se convocó nuevamente a sesionar funciona como un espacio de coordinación interinstitucional, integrado por organismos gubernamentales, gobiernos departamentales, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil.

Entre los principales desafíos que enfrenta la población afrodescendiente se destacan la inseguridad alimentaria, la proporción de personas en situación de calle, los problemas de salud física y mental, la pobreza estructural y la inequidad en el acceso al empleo.

Durante esta jornada, que reencontró a representantes de diversos ámbitos sociales y gubernamentales, se subrayó la importancia de recuperar estos espacios de construcción y seguimiento colectivo de las políticas públicas dirigidas a la población afrodescendiente -compromiso asumido por las autoridades actuales del Ministerio de Desarrollo Social-.

Asimismo, se destacó la necesidad de contar con datos actualizados sobre la población afrodescendiente y las políticas implementadas. En ese sentido, el ministerio anunció que se está retomando la generación de esta información con el compromiso de impulsar políticas basadas en evidencia. 

Las y los asistentes acordaron en la importancia de transversalizar la responsabilidad de dar cumplimiento a leyes y de promover, con recursos, más y mejores políticas para la población afrodescendiente del Uruguay.

Datos relevantes compartidos en la primera sesión del CNERA:

• El 10,6 % de la población en Uruguay se identifica como afrodescendiente según el último censo del INE.
  
   
• La pobreza afecta al 17,3 % de esta población, llegando al 32 % en niños menores de 6 años.
  
   
• La pobreza infantil y la ascendencia étnico-racial son factores determinantes.
  
   
• A pesar de que la Ley N.º 19.122 establece que el 8 % de los ingresos a empleos públicos deben destinarse a personas afrodescendientes, en 2024 sólo se alcanzó un 2 % de cumplimiento (2.997 de los 14.212 puestos correspondientes).