Organismos públicos, entidades internacionales y agrupaciones de la sociedad civil presentaron el primer bono de impacto social (BIS). El mecanismo, que permitirá obtener fondos privados para la ejecución de servicios sociales, se implementará en el área de la educación dual, a través del centro educativo Ánima. El piloto prevé un fideicomiso de 600.000 dólares que financiará cuatro años de la iniciativa.
 
En el lanzamiento, este lunes 13, participaron la prosecretaria de Presidencia, Mariana Cabrera; los ministros de Desarrollo Social, Alejandro Sciarra; y de Educación y Cultura, Pablo da Silveira; los directores ejecutivos del Instituto Nacional de Educación y Formación Profesional (Inefop), Pablo Darscht;  y de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), Mariano Berro; y los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Uruguay, Luiz Ros; y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Uruguay, Alfonso Fernández de Castro.

Acompañaron, además, los directores nacionales de Educación, Gonzalo Baroni; de Protección Social, Fernanda Auersperg; y de Transferencias y Análisis de Datos, Antonio Manzi.

Los bonos de impacto social fueron definidos por las autoridades como contratos basados en resultados, que permiten la obtención de recursos para brindar servicios sociales de forma anticipada, mediante la inversión privada. Este instrumento involucra, entre otros actores, a los inversores, a los proveedores de esos servicios y a las entidades que participan de los pagos, que abonan la prima a quienes invierten en caso de que se logren las metas planteadas.

En el marco de un plan piloto, el primero en la región de su tipo, el objetivo será aumentar las tasas de finalización de la Educación Media Superior, el trabajo y la continuidad educativa, mediante la educación dual. La formación estará a cargo del centro educativo Ánima, una organización sin fines de lucro, en la que 50 jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica cursarán el bachillerato tecnológico.

Sciarra explicó que el Mides procura lograr políticas que generen confianza en la ciudadanía, que las financia con sus impuestos, y consideró que la presentación del bono implica que esa confianza existe. En ese sentido, sostuvo que los programas para primera infancia, juventud e inserción laboral, entre otros temas, crearon el ámbito propicio para implementar esta nueva herramienta.

Da Silveira, por su parte, enfatizó el componente de innovación del mecanismo y destacó la capacidad del Gobierno de innovar, como por ejemplo, con la creación del bono de deuda pública asociado a lo ambiental. Así, se buscan nuevas maneras de llegar a una sociedad más justa y más eficiente en el manejo de los fondos públicos, añadió.

En tanto, Darscht indicó que Inefop participará en el financiamiento del último de los cuatro pagos previstos a los inversores, relacionado a la empleabilidad. El bono abre perspectivas de futuro para una mayor eficiencia en la implementación de políticas públicas enfocadas en temas sociales, aseguró.

Los indicadores que deberán cumplirse para liberar los pagos a los inversores son: la aprobación del ciclo educativo, la graduación, la obtención de empleo al año de egresar y su mantenimiento por cuatro meses o el pase a la educación terciaria. Las metas se basan en las tasas históricas de aprobación de Ánima, complementó, por su parte, Manzi.

El instrumento cambia la manera tradicional de contratar servicios públicos, trae capital del sector privado, y transfiere los riesgos del Estado a las empresas que invierten, concluyó.

La iniciativa, producto de un acuerdo entre la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y el PNUD, supone la creación de un fideicomiso de 600.000 dólares, conformado con la participación de OPP; con el Mides, MEC, Inefop y BID Lab como copagadores (responsables de abonar a los inversores) y al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) entre los organismos inversores.