Desarticulan organización criminal dedicada al tráfico de armas en operativo Corvus II

En el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía de Estupefacientes de 1.° Turno, personal de la Dirección General de Información e Inteligencia Policial llevó a cabo con éxito la operación Corvus II, destinada a desarticular una organización dedicada al tráfico internacional e interno de armas de fuego, municiones y otros materiales ilícitos.

POLICIALES 01/05/2025InfopaísInfopaís
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La investigación, que llevaba tiempo en curso, apuntaba a un grupo que operaba en los departamentos de Montevideo, Canelones y Durazno, se sospechaba que abastecía al mercado ilegal local con armamento y drogas.

Como resultado de 12 allanamientos simultáneos en Montevideo, Canelones y Durazno, se detuvo a 10 personas y se incautaron diversas armas de fuego, incluyendo una pistola 9 mm, una escopeta calibre 12 mm, un rifle monotiro y una chumbera calibre 4,5 mm. Además, se decomisó un kit Roni, un chaleco antibalas, un cargador para pistola Glock 9 mm y seis municiones calibre 36.

Durante los operativos, también se confiscaron sustancias estupefacientes como pasta base, marihuana y cocaína, así como 137.389 pesos uruguayos, 23.300 pesos argentinos y 14 celulares.

Paralelamente, se realizaron requisas en las Unidades N.º 3 y 4 del Instituto Nacional de Rehabilitación, donde se incautaron 11 celulares, 17 envoltorios con sustancia amarillenta —presumiblemente pasta base— y dos envoltorios con sustancia blanca.

Tras la audiencia judicial, cuatro hombres fueron condenados por delitos vinculados al tráfico interno de armas de fuego y municiones, recibiendo penas que van desde prisión efectiva hasta libertad a prueba. Uno de ellos cumplirá ocho meses de prisión efectiva, mientras que los restantes fueron condenados a distintas modalidades de libertad vigilada.

Además, un hombre de 26 años fue formalizado por la posesión de sustancias estupefacientes en régimen de reiteración real con tráfico interno de armas y tenencia de armas con signos de identificación adulterados. Se le impuso prisión preventiva hasta el 24 de julio de 2025.

Otro individuo fue emplazado con medidas limitativas, mientras que cuatro personas recuperaron la libertad. Una más permanece requerida por la justicia.

En los procedimientos participaron también unidades especializadas de la Dirección de Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval, la Dirección Nacional Guardia Republicana y otras dependencias de la Policía Nacional.

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