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El grupo, creado por una resolución del 11 de abril, es coordinado por el titular de la Prosecretaría de la Presidencia, Jorge Díaz, y constituido, además, por representantes de dicha dependencia, el Ministerio del Interior, el de Educación y Cultura, la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial y el Colegio de Abogados del Uruguay.
Los convocados revisarán el Código del Proceso Penal de forma integral, lo que incluye el análisis de temas muy diversos referentes a las garantías fundamentales de los ciudadanos, así como la eficiencia de la investigación y el proceso.
El estudio de la norma abarcará, entre otros puntos, el rol del juez de garantía, los plazos para la investigación y su duración razonable, la intervención de la víctima, la recolección de evidencias por la defensa, la evidencia y la prueba tecnológica, la cadena de custodia, el desarrollo de las audiencias, los procesos abreviados y la suspensión condicional del proceso.
A partir del trabajo y el diálogo técnico, se espera sistematizar distintas perspectivas y alcanzar consensos para elaborar un anteproyecto de ley que será considerado por el Poder Ejecutivo para su envío al Parlamento.
