El costo de la electricidad se convirtió en el punto decisivo para la planta de e-combustibles proyectada por HIF Global en Paysandú. El desafío del gobierno es ofrecer una tarifa que haga viable una inversión estimada en US$ 5.385 millones sin trasladar a UTE —y, por extensión, a la sociedad— un costo difícil de justificar.
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Uruguay tiene una matriz eléctrica mayoritariamente renovable, estabilidad institucional y condiciones naturales favorables para producir hidrógeno verde. Sin embargo, esas ventajas no garantizan por sí solas que los grandes proyectos sean económicamente viables.
La negociación por la planta de combustibles sintéticos que HIF Global proyecta instalar en Paysandú dejó esa realidad en evidencia: el precio de la energía eléctrica aparece como la variable capaz de destrabar la mayor inversión privada anunciada para el país o, en sentido contrario, de dejarla sin margen competitivo.
El proyecto prevé transformar electricidad renovable, agua y dióxido de carbono en e-combustibles destinados principalmente a mercados externos. Como la electrólisis demanda enormes volúmenes de electricidad, unos pocos dólares de diferencia por megavatio hora pueden modificar de manera sustancial el costo final del producto.
El emprendimiento fue presentado con una inversión total estimada en US$ 5.385 millones y una capacidad proyectada de unas 880.000 toneladas anuales de combustibles sintéticos. De concretarse en los términos anunciados, tendría un impacto relevante en la construcción, el empleo permanente, la infraestructura energética y las exportaciones.
La escala explica la expectativa generada en Paysandú y dentro del gobierno. También obliga a evaluar con especial cuidado cada compromiso público: además de la tarifa, el desarrollo requiere capacidad de generación, obras de transmisión y coordinación entre UTE, Ancap, los ministerios involucrados y la empresa inversora.
Las primeras exportaciones fueron proyectadas para el final de esta década, con Asia y Europa como destinos prioritarios. No obstante, el cronograma depende de cerrar los acuerdos comerciales, ambientales, financieros y energéticos todavía necesarios.
HIF Global planteó públicamente la necesidad de acceder a energía en el entorno de US$ 40 por megavatio hora. Distintas versiones posteriores ubicaron la posible fórmula cerca de US$ 45 por MWh, aunque el precio final y todas sus condiciones no fueron divulgados oficialmente con el detalle necesario para calcular su impacto.
La diferencia es sensible. Los valores que pagan otros grandes consumidores pueden ser superiores y, según especialistas y exjerarcas de UTE, una tarifa demasiado baja podría implicar que el ente venda por debajo de su costo integral, especialmente cuando se incorporan el respaldo del sistema y las inversiones necesarias para garantizar el suministro.
El exgerente general de UTE José Alem estimó que una solución desfavorable para el ente podría representar pérdidas del orden de US$ 80 millones anuales. Se trata de una estimación pública, no de una cifra confirmada por UTE, pero sirve para mostrar la magnitud del debate.
Una tarifa preferencial no debería analizarse únicamente como el resultado comercial de UTE. El gobierno puede considerar que una eventual diferencia se compensa con empleo, actividad local, impuestos, exportaciones, nueva infraestructura y desarrollo de proveedores.
El problema aparece cuando esas contrapartidas no son presentadas con la misma claridad que el beneficio solicitado por el inversor. Para determinar si el proyecto conviene al país es necesario conocer cuánto costaría el suministro, quién financiaría las ampliaciones de generación y transmisión, qué garantías asumiría HIF y qué ocurriría si la decisión final de inversión se posterga o no se concreta.
La discusión central, por lo tanto, no debería reducirse a elegir entre apoyar la inversión o defender las cuentas de UTE. El verdadero desafío consiste en construir una ecuación transparente que permita comparar el costo público con los beneficios económicos, laborales y tecnológicos esperados.
El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, ha reclamado celeridad y considera que la tarifa eléctrica constituye el punto de equilibrio del proyecto. Desde el territorio se observa la iniciativa como una oportunidad para diversificar la economía departamental y crear una nueva cadena industrial alrededor de los combustibles sintéticos.
A esa expectativa se suman las discusiones sobre la ubicación definitiva, la logística, el acceso al dióxido de carbono y las evaluaciones ambientales. La relocalización manejada hacia Nuevo Paysandú buscó aprovechar cercanías con infraestructura de Ancap y ALUR, aunque el proyecto continúa sujeto a las autorizaciones correspondientes.
El hidrógeno verde continúa siendo una oportunidad estratégica para Uruguay. Puede aprovechar la experiencia obtenida con la transformación de la matriz eléctrica y abrir una etapa de industrialización basada en energías renovables. Pero el mercado internacional de e-combustibles todavía está en formación y requiere grandes inversiones, compradores de largo plazo y marcos regulatorios estables.
Por eso, la tarifa no es un detalle técnico ni una discusión menor entre una empresa y UTE. Es el dato que determinará cómo se distribuyen los riesgos del proyecto: cuánto asume el inversor, cuánto el ente energético y cuánto el Estado uruguayo.
Si el acuerdo logra asegurar inversión, empleo y exportaciones sin comprometer de forma desproporcionada las finanzas públicas, Uruguay podría dar un paso relevante en la segunda transición energética. Si las condiciones permanecen reservadas o los costos recaen sin compensación clara sobre el sistema eléctrico, la megainversión seguirá rodeada de dudas aun cuando avance.
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentó los resultados de la cuarta ronda de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud, un estudio interinstitucional que por primera vez recoge la percepción directa de adolescentes de 10 a 14 años. Al cierre de la actividad, el ministro Gonzalo Civila, dijo que es compromiso del Estado conocer la realidad para transformarla. Su par de Salud Pública, Cristina Lustemberg, habló del trabajo conjunto entre distintas áreas del Estado para abordar la problemática planteada.
