José Lorenzo López: “Nos preparamos para un conflicto de largo aliento; que este gobierno lo sepa claramente”

En este sentido, remarcó que las y los trabajadores estatales, “nos vamos a preparar para un conflicto de largo aliento; que este gobierno lo sepa claramente”, anunció.

Este jueves 18 se llevó a cabo el paro general nacional de 24 horas de COFE, en protesta contra el nuevo régimen de certificaciones médicas.

A las 10 de la mañana se realizó una concentración frente a la sede del Ministerio de Economía y Finanzas donde se realizó un acto en el que hicieron uso de la palabra: el vicepresidente del PIT-CNT y secretario general de COFE, José Lorenzo López; el presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) José Olivera; la secretaria de Asuntos Gremiales de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), Carmen Pilar Igoa; y el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina, Rodolfo Aguiar.

Durante la parte oratoria, en el marco de un acto multitudinario, José Lorenzo López denunció que el Ejecutivo, de manera unilateral y sin respetar los ámbitos de negociación que le obliga la Ley 18.508, la cual establece que la salud es parte de la negociación colectiva, está comenzando a aplicar un régimen de certificaciones médicas “injusto, ilegal e inconstitucional”.

 “De esta manera se golpeará a los trabajadores estatales doblemente, ya que se ha intentado instalar un relato falso que afirma que a los estatales no se les descuenta del sueldo cuando se enferman, lo cual es mentira, ya que sí se les descuenta el sueldo, tanto por presentismo, compromisos de gestión, cumplimientos de metas y partidas de seguridad correspondientes a cada uno de los organismos”, detalló el dirigente sindical.

Asimismo, aseguró que en la actualidad debido a una falta por certificación médica, en algunos casos, ese descuento supera el 10% del ingreso del trabajador y con el nuevo régimen, a partir del décimo día, se les descontará a los trabajadores el 25% de su salario.

López también cuestionó que en el instructivo de aplicación de esta nueva norma se especifique que progresivamente se incluirán otros organismos públicos.

Por otro lado, aunque reconoció que las políticas del presidente argentino Javier Milei son mucho más “virulentas” que lo que ocurre en Uruguay, de todos modos afirmó que van en la misma línea, que es la de considerar a los trabajadores estatales como “variable para aplicar el ajuste”.

El dirigente sindical remarcó que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, pretende llevar a cabo la misma medida que implementó pocos días después de la aparición de la pandemia de coronavirus, que consistió en establecer un impuesto a los funcionarios estatales que percibían más de 80 mil pesos para poder afrontar la crisis sanitaria. “Después, la economía creció por encima del 2019 y 2020, y nunca se les devolvió un peso a los trabajadores a quienes se les había confiscado parte de sus salarios”.

Dijo, asimismo, que durante todo este período de gobierno se ha ajustado el salario de los trabajadores estatales “por debajo de la inflación”, y eso es parte del ajuste que se viene aplicando, el cual no sólo afecta el bolsillo de los trabajadores, sino que también se traduce en la pérdida de puestos de trabajo en todos los organismos públicos.

“Hoy tenemos menos funcionarios en las empresas públicas, ministerios, servicios descentralizados y en la educación, y no podemos desarrollar las tareas como debería hacerlo el Estado”, cuestionó.
López aseguró que el movimiento social organizado enfrentará las políticas del gobierno en cada movilización, así como también de manera jurídica y legal.

En tal sentido, recordó que contra las certificaciones médicas se presentó un recurso de nulidad, y también se presentará un recurso de inconstitucionalidad. Además, en la próxima conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una delegación oficial del PIT-CNT denunciará al Estado uruguayo porque quiere establecer una norma que “viola los convenios ratificados por nuestro país”.

Remarcó que el movimiento sindical no permitirá que se lleven a cabo las políticas que afectan a los trabajadores y por ello se movilizarán cada vez que sea necesario.

 “Nos vamos a preparar para un conflicto de largo aliento; que este gobierno lo sepa claramente”, puntualizó López.

A su turno, el presidente de FENAPES, José Olivera, expresó la necesidad de profundizar en un debate acerca de qué tipo de Estado, al servicio de qué país y de qué intereses sociales, debe existir. Señaló que "está en disputa la concepción neoliberal oligárquica de un Estado cada vez más reducido, al servicio de los intereses oligárquicos del capital financiero internacional y en contra de la mayoría del pueblo".

Dijo que "es imperioso construir un Estado que garantice derechos", sea motor de desarrollo y tenga un papel clave en la justicia social, "lo cual implica un proceso de profundización en la justa distribución de la riqueza".

Olivera rechazó las condiciones generadas por el actual gobierno, que como resultado del ajuste de los salarios de los trabajadores, las jubilaciones y pensiones, así como del presupuesto del Estado, transfirió más de 2.000 millones de dólares al sector especulativo financiero. “A pesar de que los trasnochados de siempre intentan enfrentar a los trabajadores entre sí, en eso no nos confundimos, porque debemos buscar la igualdad en derechos, condiciones de trabajo y salario. Debemos igualar hacia arriba y nunca favorecer a los oligarcas”, remarcó el dirigente de la educación secundaria. Asimismo, rechazó la lógica de señalar que entre los funcionarios del Estado hay un conjunto de privilegiados, cuando los “parásitos” son otros.

Por otro lado, Olivera se manifestó convencido de que el 27 de abril estarán las firmas necesarias para habilitar el plebiscito de octubre, por la reforma de la seguridad social, y se logrará el triunfo por una seguridad social universal, solidaria y sin ánimo de lucro.

“No se gobierna para unos pocos, porque la preocupación es la mayoría de nuestro pueblo. La cuestión es entre oligarquía y pueblo”, sentenció.

También intervino Carmen Pilar Igoa de la AFJU, quien manifestó que la lucha se libra en las calles y a nivel internacional, porque los trabajadores están siendo atacados desde todos los frentes.

“Estamos defendiendo los derechos que hemos logrado con la lucha y el sacrificio de los trabajadores y trabajadoras. La ley de certificaciones médicas solo tiene el objetivo de recaudar y no de mejorar las condiciones laborales y de los trabajadores (tanto edilicias como psicosociales). Al Estado uruguayo no le importan las condiciones laborales de los trabajadores”, lamentó.

Recordó el lamentable episodio ocurrido el 21 de noviembre de 2023, cuando un funcionario del Poder Judicial se suicidó porque se sentía acosado en su trabajo. Posteriormente, se descubrió que el trabajador se negó a denunciar la situación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por temor a represalias, ya que temía que sus jefes lo despidieran y, al tener 50 años, le sería muy difícil encontrar otro empleo.

“Este tema, por el cual nos sentimos consternados, no está en la agenda de los políticos”, sentenció Igoa.