InfopaísLa actividad fue organizada por la Fundación Gonzalo Rodríguez y reunió, este jueves 4 en el Palacio Legislativo, a autoridades nacionales, parlamentarios, especialistas internacionales y representantes de instituciones vinculadas a la seguridad vial. Entre ellas, participaron la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Ministerio del Interior, así como intendencias y organismos con competencia en la materia.
El presidente de la Unasev y del Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial (Oisevi), Marcelo Metediera, sostuvo, en su intervención, que el desafío de reducir la siniestralidad asociada a las motocicletas requiere respuestas integrales y coordinadas entre organismos. En ese sentido, señaló que la Unasev impulsa un plan de trabajo estructurado en seis líneas estratégicas para fortalecer las políticas públicas en materia de tránsito y seguridad vial.
Entre las prioridades mencionó la recuperación del liderazgo político por parte de Unasev en torno a la problemática de la seguridad vial a nivel nacional, con el objetivo de instalar nuevamente estos temas en la agenda pública y promover una mayor conciencia ciudadana sobre los riesgos asociados a la circulación.
Asimismo, señaló la importancia de incorporar los contenidos vinculados al tránsito y la seguridad vial en la educación formal. En ese marco, recordó que la Unasev ya firmó un acuerdo con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para avanzar en la inclusión curricular de estos contenidos.
Otro de los ejes planteados por el jerarca fue el fortalecimiento de los controles. “Es necesaria una fiscalización que focalice en la temática de las motos”, afirmó. Según Metediera, el uso de motocicletas por la sociedad uruguaya debe ser analizado en toda su dimensión. En ese sentido, recordó que para muchas personas este vehículo constituye una herramienta imprescindible para acceder al trabajo, la educación y otros servicios.
Metediera también remarcó la necesidad de profundizar la coordinación entre las políticas de fiscalización y el sistema de justicia, avanzar en la creación de fiscalías especializadas en tránsito y fortalecer los mecanismos de participación social a través de las unidades locales de seguridad vial y la Red Nacional de Víctimas.
A estas medidas, se suman herramientas normativas y tecnológicas que la Unasev considera prioritarias para el período. Entre ellas la implementación del permiso por puntos, el desarrollo del permiso de conducir digital, la disposición final de vehículos incautados y la generación de evidencia científica sobre los efectos de determinados medicamentos y sustancias en la conducción.
El presidente de la Unasev insistió en que ninguna de estas acciones será suficiente por sí sola. “La educación, la fiscalización, la justicia y la participación social tienen que actuar en conjunto para generar resultados”, sostuvo.
Al referirse a la magnitud del problema, Metediera presentó algunos de los principales indicadores surgidos del último Informe de Siniestralidad Vial, publicado en marzo de 2026. Según indicó, el 65,1 % de las personas lesionadas en siniestros de tránsito circulaban en motocicleta. En tanto, entre las personas fallecidas, el 50,1 % eran usuarios de este tipo de vehículo.
Por su parte, la subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde, advirtió además sobre las distintas formas de violencia que se expresan cotidianamente en el tránsito y llamó a incorporar esta dimensión al debate sobre seguridad vial. Señaló que situaciones de agresividad, intolerancia y conflictos entre conductores generan escenarios de riesgo que afectan la convivencia en el espacio público.
En ese sentido, sostuvo que las respuestas no pueden limitarse a la fiscalización o a las medidas de protección, sino que requieren promover el papel de la educación y los cambios culturales para construir entornos de circulación más seguros y respetuosos. “No se puede salir a la calle con enojos o frustraciones y trasladar esas emociones a la conducción”, afirmó.
El centro, dependiente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), considerado de referencia en su especialidad pediátrica. De los 150 usuarios atendidos al mes, unos 40 requieren cirugías. Para atender estas situaciones complejas, hay 16 plazas, áreas de bañoterapia y equipamiento actualizado. El 80% de las quemaduras ocurren dentro del hogar.
