El martes 24 de setiembre el Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra UNESCO de DDHH de la Udelar, difundió una declaración expresando su preocupación ante irregularidades en los aspectos relativos a la participación social y el acceso a la información pública en el procedimiento de Autorización Ambiental del Proyecto Arazatí-Neptuno.
NACIONALES26/09/2024
Infopaís
Declaración sobre proceso del Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Arazatí-Neptuno
El Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra UNESCO de DDHH de la Udelar expresa su preocupación ante irregularidades en los aspectos relativos a la participación social y el acceso a la información pública en el procedimiento de Autorización Ambiental del Proyecto Arazatí-Neptuno.
El Ministerio de Ambiente ha anunciado la realización de una audiencia pública ambiental para el Proyecto Neptuno el 3 de octubre de este año, cuando todavía está en curso la puesta de manifiesto del Informe Ambiental Resumen presentado por la empresa. El público tiene el derecho de conocer las observaciones al documento que se ha hecho público así como las respuestas de los proponentes y del Estado ante ellas. En los tiempos planteados es inviable que se cumpla efectivamente con los derechos a la información y participación en temas ambientales protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú en efecto en Uruguay desde el año 2021. Por tanto, el Estado tiene obligaciones definidas contempladas en diversos instrumentos internacionales ONU (resolución sobre derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; Acuerdo de Escazú), regionales de la OEA (Protocolo de San Salvador), y locales (art. 47 de la Constitución de la República).
La protección de estos derechos a la información y la participación, que conlleva otros como el derecho al agua y a vivir en un ambiente sano, requieren que el Estado respete evitando obstaculizar, proteja a la ciudadanía adoptando las interpretaciones que más beneficien a las personas y cumpla con los mismos adoptando medidas positivas para ejecutar estos derechos. El derecho internacional y la normativa nacional reconocen que las personas y organizaciones sociales tienen derecho a participar efectivamente en los procesos de elaboración de planes y políticas que afecten el ordenamiento territorial y el ambiente. La participación no puede ser sobre hechos consumados, proyectos elaborados o de facto aprobados.
En el caso del Proyecto Arazatí-Neptuno existen varias declaraciones públicas e instancias judiciales que muestran que existen voces diversas e interés en participar efectivamente de estos procesos de planificación y gestión del agua. El Estado uruguayo tiene que garantizar el cumplimiento de los acuerdos y derechos a los que suscribe, así como de la normativa nacional de ordenamiento territorial que obligan al Estado a no causar daño ambiental, y la prevención por medios efectivos y adecuados previo a la realización de cualquier proyecto.
Exhortamos a las autoridades del Ministerio de Ambiente a garantizar y respetar los derechos de la ciudadanía ofreciendo las mejores condiciones para acceder a la información y participar en las decisiones que afectan derechos tan importantes para sostener la vida de seres humanos y no humanos en el Uruguay.
La Comisión Coordinadora Honoraria de Puertos, integrada por representantes de instituciones públicas y privadas de la comunidad portuaria uruguaya, se reunió bajo una nueva administración con el propósito de fortalecer la gestión portuaria, promoviendo el crecimiento económico, la generación de empleo y la competitividad de la producción nacional y regional.
La décima reunión de la Comisión de Cooperación Técnica y Científica del Acuerdo de Asociación Estratégica entre Uruguay y México analizó lo proyectos seleccionados para financiamiento por el Fondo Conjunto para el bienio 2025-2027. Los participantes destacaron su equilibrio y la representatividad de las iniciativas a ser implementadas.
El MIEM participó de la apertura de la VI Jornada Académica de Ingeniería en Energías Renovables de la UTEC en Durazno, un espacio de encuentro y divulgación que busca fortalecer los lazos entre la academia, la industria y el sector público para promover el diálogo y la construcción de conocimiento aplicado. La ministra Fernanda Cardona destacó esta perspectiva, ya que solo la política y la academia, unidas, logran transformaciones. Además, aseguró que el MIEM trabaja la industria y la energía con una “visión única” que constituya “una sola política de desarrollo nacional”.
En la Torre Ejecutiva se llevó a cabo el Panel III: Alcances y desafíos de la Ley de Salud Mental, una instancia de intercambio y reflexión que propuso analizar las implicancias de la normativa vigente y su articulación con las políticas laborales vinculadas a la salud mental.
En el segundo panel de las jornadas de salud mental en el ámbito público, Ricardo Alberti, de la Dirección General de Salud del MSP, Martín Pereyra, de COFE y Susana Méndez del Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo de Presidencia, expusieron sobre “Trabajo: percepción y realización personal”.
Los diplomáticos de República Checa, India, Guatemala y Francia, presentaron las cartas credenciales de sus respectivos países ante el presidente de la República, Yamandú Orsi. El acto protocolar oficializa instalación de esas delegaciones extranjeras con representación en el país.
Informe elaborado por su principal Rodrigo Rodriguez
El Ministerio del Interior trabajará por primera vez junto con la OEA y el BID para robustecer el registro y el control de armas. Estos organismos ofrecerán cooperación técnica para diagnosticar las capacidades para combatir el problema de las armas de fuego ilegales. La iniciativa permitirá mitigar el efecto negativo de los dispositivos ilícitos en la ciudadanía, explicó la subsecretaria Gabriela Valverde.
El asesor en seguridad pública del Ministerio del Interior, Emiliano Rojido, informó que hasta el 15 de noviembre la población puede sumarse y realizar contribuciones en la plataforma de participación ciudadana en el marco del Plan Nacional de Seguridad Pública 2025-2035.
Cerca del cierre de la etapa de escucha del Diálogo Social, su coordinador, Hugo Bai, destacó el desarrollo de 28 conversatorios y más de 120 insumos en el período.
Un convenio entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) y la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) permitirá fomentar la práctica del baloncesto entre los jóvenes asistidos por ese instituto y promover su inclusión social y desarrollo integral.