El martes 24 de setiembre el Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra UNESCO de DDHH de la Udelar, difundió una declaración expresando su preocupación ante irregularidades en los aspectos relativos a la participación social y el acceso a la información pública en el procedimiento de Autorización Ambiental del Proyecto Arazatí-Neptuno.
NACIONALES26/09/2024
Infopaís
Declaración sobre proceso del Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Arazatí-Neptuno
El Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra UNESCO de DDHH de la Udelar expresa su preocupación ante irregularidades en los aspectos relativos a la participación social y el acceso a la información pública en el procedimiento de Autorización Ambiental del Proyecto Arazatí-Neptuno.
El Ministerio de Ambiente ha anunciado la realización de una audiencia pública ambiental para el Proyecto Neptuno el 3 de octubre de este año, cuando todavía está en curso la puesta de manifiesto del Informe Ambiental Resumen presentado por la empresa. El público tiene el derecho de conocer las observaciones al documento que se ha hecho público así como las respuestas de los proponentes y del Estado ante ellas. En los tiempos planteados es inviable que se cumpla efectivamente con los derechos a la información y participación en temas ambientales protegidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Acuerdo de Escazú en efecto en Uruguay desde el año 2021. Por tanto, el Estado tiene obligaciones definidas contempladas en diversos instrumentos internacionales ONU (resolución sobre derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; Acuerdo de Escazú), regionales de la OEA (Protocolo de San Salvador), y locales (art. 47 de la Constitución de la República).
La protección de estos derechos a la información y la participación, que conlleva otros como el derecho al agua y a vivir en un ambiente sano, requieren que el Estado respete evitando obstaculizar, proteja a la ciudadanía adoptando las interpretaciones que más beneficien a las personas y cumpla con los mismos adoptando medidas positivas para ejecutar estos derechos. El derecho internacional y la normativa nacional reconocen que las personas y organizaciones sociales tienen derecho a participar efectivamente en los procesos de elaboración de planes y políticas que afecten el ordenamiento territorial y el ambiente. La participación no puede ser sobre hechos consumados, proyectos elaborados o de facto aprobados.
En el caso del Proyecto Arazatí-Neptuno existen varias declaraciones públicas e instancias judiciales que muestran que existen voces diversas e interés en participar efectivamente de estos procesos de planificación y gestión del agua. El Estado uruguayo tiene que garantizar el cumplimiento de los acuerdos y derechos a los que suscribe, así como de la normativa nacional de ordenamiento territorial que obligan al Estado a no causar daño ambiental, y la prevención por medios efectivos y adecuados previo a la realización de cualquier proyecto.
Exhortamos a las autoridades del Ministerio de Ambiente a garantizar y respetar los derechos de la ciudadanía ofreciendo las mejores condiciones para acceder a la información y participar en las decisiones que afectan derechos tan importantes para sostener la vida de seres humanos y no humanos en el Uruguay.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, destacó que, en el marco de un mundo que atraviesa cambios profundos, Uruguay está en condiciones de gestionar los disensos, avanzar en transformaciones por "acumulación" y transitar con estabilidad los cambios de gobierno.
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, reafirmó el Compromiso Nacional por la Vida y la Seguridad en el Trabajo, una estrategia para reducir la siniestralidad y asegurar entornos saludables, en el marco del aniversario de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS).
La nueva oficina “trabajará sobre situaciones de violencia y, especialmente, sobre prevención y mejor convivencia”, explicó la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en la presentación de la Unidad Especializada en Género, este martes 18, con la participación de la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier.
El Ministerio de Desarrollo Social presentó las líneas de acción de la política migratoria para los próximos cinco años. El ministro Gonzalo Civila consideró que los migrantes aportan una enorme riqueza al país que los recibe y señaló que las acciones deben centrarse en las necesidades no satisfechas en esta población.
Los recursos serán destinados a fortalecer el sistema penitenciario, incorporar tecnología para robustecer la investigación y modernizar la formación policial, informó la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde. La obtención de esta línea de crédito es otra demostración de que la seguridad pública es prioridad para el Gobierno, subrayó.
Una iniciativa reconoce y difunde las propuestas y acciones que promueven avances significativos para construir una sociedad más inclusiva, en materia de racismo, xenofobia y cualquier otra forma de discriminación.
Informe elaborado por su principal Rodrigo Rodriguez
El presidente de la República, Yamandú Orsi, inauguró la sede del Instituto Tecnológico Regional (ITR) Este de la Universidad Tecnológica (UTEC) en Minas, Lavalleja. En este centro, se implementará una nueva carrera en comunicación y entretenimiento y se agregarán cupos para la Licenciatura en Tecnologías de la Información a partir de marzo de 2026.
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