Ejes de trabajo en salud sexual y reproductiva 2025-2030

En cuanto a justicia reproductiva, debemos atender la situación de desigualdad que se presenta en el sector público frente al privado, donde hay más mortalidad materna y sífilis congénita debido al impacto de la pobreza en la salud materno-infantil. Para ello, proponemos mejoras en los controles prenatales, apoyo económico y el incentivo de la crianza respetuosa.

En lo que refiere a la salud de la mujer a lo largo de su vida, es necesario garantizar el acceso a la salud integral de las mujeres en todas las etapas de su vida, incluyendo la prevención y tratamiento de trastornos del piso pélvico, la reglamentación de la ley de endometriosis, el acceso a higiene menstrual y la atención en DDSSRR para personas privadas de libertad, personas en situación de discapacidad o en situación de calle.

El segundo eje es el de la salud reproductiva, desde la prevención de embarazos no planificados hasta la promoción de la fertilización asistida, pasando por la interrupción voluntaria del embarazo y el tratamiento fetal intrauterino.

Si bien la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) redujo la mortalidad materna y el aborto inseguro, su normativa y acceso aún presentan desafíos que debemos afrontar. Para su mejora, se propone reformular los plazos de acceso a la IVE acorde a los avances en el diagnóstico prenatal, repensar el tiempo obligatorio de reflexión y fortalecer la respuesta frente a los embarazos forzados en niñas.

En cuanto a la fertilización asistida, se analizará la posibilidad de reducir el copago que se debe realizar en el primer intento de estos tratamientos, que son parcialmente financiados por el Fondo Nacional de Recursos (FNR), y se buscará fortalecer el método ROPA que se encuentra habilitado pero no es financiado por el FNR.

El tercer eje de trabajo será la sexualidad, desde la prevención de la violencia basada en género (VBG), a la agenda LGTBQ+.

Para el abordaje de la VBG, que requiere de una respuesta integral desde las políticas públicas pero también desde la salud y la educación, se proponen estrategias de educación sexual integral, el abordaje de las masculinidades y la prevención de la explotación sexual como forma de erradicar la violencia y promover la equidad.

Un abordaje integral de las personas LGTBQ+ requiere de garantizar su acceso a las prestaciones contempladas en la ley trans, mediante la eliminación de las barreras económicas y de acceso a los prestadores de salud, lo que incluye la implementación de cirugías de reasignación de sexo con un protocolo especializado, y la creación de protocolos específicos para el abordaje de niños y niñas trans e intersexuales.

El cuarto y último eje de trabajo es el de la seguridad, que abarca desde la humanización de los cuidados al nacimiento y la mitigación de las cesáreas innecesarias, hasta las políticas integrales de enfermedades de trasmisión sexual (ETS) y las enfermedades oncológicas.

Para reducir las intervenciones de cesáreas innecesarias, que tienen mayor incidencia en el sector privado, se propone institucionalizar el parto humanizado, fortalecer el rol de las parteras, revisar los protocolos de inducción del parto y ajustar el modelo de retribución médica para equilibrar los incentivos en esta área.

En cuanto a la prevención integral del cáncer de cuello uterino y mamas, se buscará facilitar el acceso y la coordinación de los test de HPV y PAP, acorde a lo recomendado en las guías de prevención, sobre todo en poblaciones vulnerables. A su vez, se buscará fomentar el estudio y tratamiento de estos cánceres por equipos multidisciplinarios especializados y mejorar la cobertura de mamógrafos en todo el territorio nacional, con el uso de telemedicina y controles de calidad.

El rediseño de la CONASIDA para incluir a las ENT es una de las acciones para el abordaje de estas enfermedades, además de mejorar los procesos asistenciales y de prevención en el primer nivel de atención y el desarrollo de campañas públicas de promoción. Para su mejor control, se impulsará el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica.

En declaraciones a la prensa, el subsecretario Leonel Briozzo hizo referencia a algunos aspectos de estas líneas de trabajo.

En cuanto a la necesidad de bajar el número de cesáreas innecesarias, habló de mejorar la información tanto en la sociedad en general como en el personal de salud y las mujeres embarazadas: “El parto siempre es mejor que la cesárea. La cesárea es una opción terapéutica formidable siempre que esté indicada. La cesárea innecesaria es una deshumanización de los cuidados. Creemos que hay que promover mucho la profesión autónoma de la obstetra partera, que es la que está capacitada para llevar adelante la atención del parto -en conjunto con el ginecólogo y el equipo multidisciplinario- pero la partera tiene un rol fundamental. También asegurar la prevención del dolor en el parto (…) la formación de los recursos, la capacitación en cuanto a respetar los tiempos fisiológicos del trabajo de parto y el tener claro que siempre que no se haga esto, lo que se está ejerciendo es una violencia sobre la mujer, que en este caso se denomina genéricamente violencia obstétrica”.

También fue consultado en relación con la tasa de natalidad en Uruguay: “Nosotros la natalidad la vemos como un asunto central de derechos de las mujeres. Ha disminuido la natalidad en Uruguay por un fenómeno concreto que fue buscado por la política pública que se desarrolló desde el gobierno del presidente Mujica, que es evitar el embarazo adolescente. Eso ha tenido resultado (…) y eso es una cosa que creo que hay que aplaudir. Lo que hay que generar no son políticas que promuevan la natalidad porque eso es bastante obtuso, no ha dado resultado en ningún lugar del mundo y no hay nadie que pueda descubrir la pólvora en esto. Lo que hay que generar son condiciones para una mejor maternidad y paternidad responsables y con posibilidad de hacerlo y que, eventualmente, las mujeres y las parejas tengan la posibilidad de optar por la reproducción como una de las decisiones en salud sexual y reproductiva”.