Infopaís
El Reglamento Nº 2023/1115 de Deforestación de la Unión Europea (EUDR) que entrará en vigor el 30 de diciembre de 2025 obliga a los importadores europeos a hacerse responsables de que las materias primas y productos que importen cuenten con una certificación que garantice que no fueron obtenidos a través prácticas que degraden bosques o montes, o bien, que no hayan resultado de la deforestación. El Reglamento se aplica a algunos bienes primarios y, en el caso de Uruguay, alcanza a la carne, la madera y la soja.
Los ministerios de Relaciones Exteriores y Ganadería, Agricultura y Pesca trabajaron en conjunto para cumplir con dicho reglamento, acorde con la posición de Uruguay de alinearse con un balance positivo entre comercio y medio ambiente.
En su momento, el MGAP decidió que este asunto se asuma como un “bien público”, a través de la creación de una Plataforma Nacional de Cadenas de Valor Libres de Deforestación, capaz de poner en marcha un Sistema Nacional de Certificación Libre de Deforestación. El hecho que sea una certificación pública ahorra costos a los productores nacionales, lo que nos ubica en ventaja respecto a otros países de la región que pasan por la certificación privada.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a los efectos de posicionar a Uruguay desde una perspectiva de cumplimiento y de apego del país a la normativa y a prácticas de larga trayectoria que trascienden gobiernos, acordó trabajar en una estrategia de comunicación de la nueva Plataforma con la Comisión Europea, con los importadores y con los exportadores. En ese sentido, a través de la Misión de Uruguay en Bruselas, se mantuvieron varias instancias de diálogo con la Comisión Europea, que ilustran los avances del país en la materia.
Este 22 de mayo, la Comisión Europea dio a conocer el proyecto de acto de ejecución por el que se clasifican a los terceros países y Estados miembro de la UE según el riesgo de deforestación. El Reglamento (UE) 2023/1115 (art. 29.1) prevé tres categorías de riesgo: «riesgo alto», «riesgo estándar» y «riesgo bajo».
En Sudamérica, únicamente Uruguay y Chile han sido reclasificados como de «riesgo bajo».
Dicho documento entrará en vigor al tercer día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, extremo que aún no se ha concretado.
