Autoridades impulsan Plan Nacional de Alfabetización para personas privadas de libertad

En el marco del Plan Nacional de Cárceles, se desarrolló la primera reunión de trabajo del Plan de Alfabetización en contextos de encierro, una iniciativa interinstitucional que busca garantizar el acceso a la educación como derecho fundamental para las personas privadas de libertad.

22/06/2025

La jornada fue convocada por la Dirección Nacional de Educación y reunió a autoridades de distintos organismos vinculados al sistema educativo y penitenciario. Participaron el Director Nacional de Educación, Gabriel Quirici, la Directora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ana Juanche, la Directora Sectorial de Integración Educativa de ANEP, Gabriela Pérez, la Asesora del Ministerio del Interior en Asuntos Penitenciarios, Ana Vigna, el Coordinador del Área de Innovación Educativa, Ramiro Pallares, y equipos técnicos especializados.

Durante el encuentro se delinearon las primeras estrategias conjuntas para la puesta en marcha de una campaña nacional de alfabetización que prioriza a quienes no han accedido a la educación formal dentro del sistema penitenciario. El objetivo central: ampliar la ciudadanía y democratizar el acceso a bienes culturales y sociales desde la educación.

Desde el INR, Ana Juanche destacó la relevancia de esta instancia como parte de un largo proceso de articulación hacia una construcción interinstitucional e intersectorial real. También subrayó la importancia de detectar tempranamente el analfabetismo y de contar con equipos técnicos capacitados, conocedores de las realidades complejas que atraviesan la vida en las cárceles. “Zanjar los nudos de convivencia institucional es fundamental para que el acto educativo pueda suceder”, concluyó.

La reunión también contó con la participación de Natalia Barraco, Directora del Centro de Formación Penitenciaria (Cefopen), y de Gabriela Dobal, Coordinadora de la Secretaría Permanente de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación.

Esta primera reunión sienta las bases para una agenda de trabajo común que buscará garantizar el derecho a la educación en contextos de privación de libertad, con un enfoque inclusivo y de derechos humanos.