Plan Nacional de Seguridad Pública iniciará en 2026 con prioridad en reducción de homicidios y uso de evidencia científica

El Ministerio del Interior organizó este martes 7 el taller con expertos internacionales “Construyendo estrategias para la reducción de homicidios”. La instancia se desarrolló como parte del Plan Nacional de Seguridad Pública, se desarrolló en el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre, y abordó temas como la disuasión focalizadora y la gestión por resultados entre autoridades del Ministerio del Interior, Policía Nacional, Fiscalía y expertos internacionales, entre el 7 y 9 de octubre.

Además de Negro, asitieron el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya; el representante del BID en Uruguay, Luiz Ros; los expertos internacionales, Ignacio Cano de España; Alberto Kopittke de Brasil; Fernando Cafferata de Argentina; y Antônio Pacheco Padilha, de Brasil.

“En Uruguay tenemos tasas epidémicas de homicidios. Y sin embargo el homicidio no es apenas una estadística fría, es el dolor de una familia, de un barrio. Es la confianza en nuestras instituciones que se ve erosionada”, expresó el ministro del Interior.  “No podemos resignarnos, no podemos esperar a que las cosas cambien solas. Reducir los homicidios es posible y es urgente”, subrayó.

La línea de trabajo para este período incluye el diseño de un proyecto de ley para regular el mercado ilegal de armas y municiones, que propone fortalecer el registro y la trazabilidad de las armas mediante un sistema unificado y digitalizado.

Además, el Ministerio del Interior apuesta a implementar políticas de prevención social del delito, mediante la creación de la Dirección Nacional de Prevención Integral del delito y la violencia, y la jerarquización de la vieja Policía Comunitaria a través de una Dirección Nacional de Policía Comunitaria Orientada a Problemas. A esto se suma la ejecución de políticas transversales, como el programa Más Barrio, del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Despliegue en zonas críticas y nueva tecnología 

Negro dijo que hay que ser “implacables” con los homicidios porque “cuando se le quita a alguien la vida a alguien: el que las hace, las paga”. Agregó que Uruguay no puede naturalizar la violencia y que los homicidios “no ocurren al azar”, por lo tanto, es posible disuadirlos y prevenirlos, “pero para eso necesitamos ideas nuevas para viejos problemas”, afirmó.

En ese sentido, señaló que para el actual Gobierno es prioritario reducir los delitos y para eso se aplicarán “políticas específicas, basadas en evidencia, evaluadas con rigor y sostenidas en el tiempo”. 

Eso implicará, explicó, una fuerte presencia policial en zonas críticas, con foco en las personas y en los grupos criminales que ocasionan altos índices de violencia. A su vez, Interior incorporará tecnología, ampliará el sistema de videovigilancia con analística asociada, software y sistemas actualizados para mejorar la vigilancia y ampliará el sistema shotstopper. 

El ministro aseguró que la policía está teniendo “muy buenos resultados” en materia de resolución de homicidios, En algunos departamentos, la aclaración de este tipo de delitos alcanza el 80%. Según datos de la cartera, la tasa de homicidios en Uruguay se ubica en 10,7 cada 100.000 habitantes.

El 87% de las víctimas son hombres y 93,5% de los victimarios también son  hombres. El 21% de los homicidios ocurre a causa del tráfico de estupefacientes, 14,5% por disputas personales, 13,2% por venganzas o represalias y el 5,8% por delitos patrimoniales. 

Plan de Seguridad Pública utilizará evidencia científica

El asesor en Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Emiliano Rojido, enumeró los objetivos del Plan Nacional de Seguridad Pública que la cartera desplegará en este período.

La estrategia implica orientar la política de forma coherente, planificada y evaluable; abordar de manera amplia los problemas de seguridad; informar las intervenciones con la mejor evidencia científica disponible; y promover acuerdos que garanticen legitimidad y continuidad, según detalló.

El plan tendrá cinco fases: diagnósticos; encuentros por seguridad; propuesta técnica; propuesta política; y validación social. El inicio de la implementación del plan y su monitoreo está previsto para marzo de 2026, con una proyección hacia 10 años, explicó.