La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, informó que en 2024, se resolvieron 80.885 trámites de prestaciones, lo que representa el 80% del total ingresado ese año. Al 31 de mayo de 2025, el stock total de trámites en curso superaba los 58.000. El 24% data de menos de tres meses, mientras que el 32% hace más de un año que fue ingresado.

En conferencia de prensa, la jerarca sostuvo que los tiempos promedio de resolución de algunos trámites son superiores a los seis meses. En ese sentido, especificó que la jubilación por cese de actividad implica, en promedio, 201 días de espera; la jubilación por incapacidad o subsidio transitorio por incapacidad parcial, 252 días; la pensión por invalidez, 189 días, y la pensión por vejez, 210 días.

Medidas de corto plazo 

Debido a la situación planteada, el organismo previsional ejecutará una serie de medias de corto plazo.

• Contratación de 12 médicos bajo régimen de arrendamiento de obra, para agilizar las juntas médicas.
• Reducción de plazos para la evaluación médica, en jubilaciones por incapacidad, al eliminar partes del trámite que se detectaron como redundantes.
• Nuevo criterio de análisis inmediato para trámites de jubilación común, mediante diferenciación de los trámites de personas que ya cumplen con la causal y que no están en actividad. En estos casos, se realizará el trámite en el momento.
• Plan piloto para brindar estimación jubilatoria. A partir de agosto, la proyección aproximada estará disponible a través del aplicativo Mi Jubilación Estimada.
• Creación de equipos de alto rendimiento. Estos equipos se dedicarán a trámites de especial prioridad, con el objetivo de resolver casos que llevan prolongado tiempo en espera.
• Mejora de trámites de pensiones por vejez e invalidez. La meta es que los procedimientos sean "más comprensibles" y facilitar la información a los usuarios.

Metas 2025

La titular del BPS también enumeró una serie de metas institucionales del organismo para 2025. En particular, se refirió a tres propuestas:

• Reducir un 25% el stock de casos en proceso de valoración de incapacidad, respecto al fin de 2024.
• Disminuir un 20% el stock de trámites activos de jubilación sin cese y reconocimiento de años de trabajo, respecto al fin de 2024.
• Eliminar formularios redundantes y desarrollar aplicativos digitales que simplifiquen la gestión interna de los expedientes.