Resolución sobre plebiscito de allanamientos nocturnos

Asociar la idea de que este mecanismo es el instrumento que falta para terminar con el narcotráfico, es además de una propuesta demagógica, una idea que no tiene ningún sustento empírico. La misma supone una desprotección de los hogares, sin una propuesta explícita de regulación que posibilite un uso adecuado de la herramienta.

Sin embargo, este debate surge ahora porque el gobierno entiende que, ante el fracaso en su política de seguridad que se manifiesta en la ola de homicidios y en los niveles de rechazo de la opinión pública a la gestión actual en la materia, le resulta electoralmente conveniente volver a plantear la incorporación de los allanamientos nocturnos.

Entendemos equivocado este enfoque restrictivo y electoral de la propuesta, porque una vez más intenta promover en la sociedad uruguaya soluciones mágicas, buscando generar la ilusión y la esperanza de que a través de este mecanismo se podrá cambiar la dramática realidad de la seguridad en Uruguay, como en el pasado lo quisieron hacer con la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Pero esta exageración del gobierno para ocultar su fracaso, no supone que este instrumento no pueda y deba ser utilizado en forma dosificada y profesional en la persecución de un conjunto de delitos, en función de una política criminal que debe tener en el centro la defensa de la vida.

El debate actual en Uruguay debería distinguir tres niveles a los efectos de una discusión honesta, informada y con profundidad.

1. Si es pertinente o no habilitar los allanamientos nocturnos para la investigación de otros delitos además de la violencia doméstica (ya habilitado hoy), como, por ejemplo, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes; la trata y el tráfico de personas; los secuestros, el narcotráfico; el lavado de activos o el tráfico de armas, entre otros.

2. Cuáles deberían ser los requisitos de procedimiento, previos y simultáneos, desde el punto de vista judicial y policial para hacer efectiva la medida.

3. En función de la política de seguridad que define el Estado, cuáles son los casos de persecución penal que se priorizarán, a los efectos de determinar en cuáles de ellos podría ser necesario contar con la herramienta del allanamiento nocturno.

Esta lógica de abordaje debería ser la forma de aproximarse a una discusión que tiene altos niveles técnicos y de complejidad en los procedimientos.

Por todo lo anteriormente expresado, es que entendemos que esta propuesta, así planteada y sin conocer cómo se regulará su aplicación, no es el mejor camino para solucionar los graves problemas de seguridad que el Uruguay hoy tiene, por lo que no acompañamos esta iniciativa de reforma constitucional.

MESA POLITICA NACIONAL DEL FRENTE AMPLIO