La convocatoria superó todas las expectativas previstas y la casa de estudios se vio colmada de público -mayoritariamente joven- e incluso, el debate fue seguido por una gran cantidad de personas a través de YouTube. Pero además, fuera de la sede el debate tuvo un interesante marco de público que se mantuvo hasta el final, a la intemperie y bajo lluvia, para escuchar el intercambio de opiniones y posturas de los panelistas.
Por el “Sí” participaron Sergio Sommaruga, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, y Karina Sosa, presidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS). Por su parte, entre quienes se oponen a la reforma estuvieron Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, y el senador del Partido Colorado, Ope Pasquet.
El integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, Sergio Sommaruga, aseguró que existen “alternativas” para financiar la reforma de la seguridad social. Remarcó, por ejemplo, que “el 41% del IVA no se cobra y el 22% corresponde a evasión; tampoco se recauda el 54% del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), de los cuales el 36% se debe a evasión, lo que constituye un delito de defraudación tributaria. Sin embargo, ningún partido político está exigiendo responsabilidades al Ministerio de Economía. En lugar de combatir la evasión fiscal, se aumenta la edad jubilatoria de los trabajadores y se reduce un 10% el monto de las jubilaciones”, cuestionó.
Sommaruga cuestionó que a través de la Ley 20.130 se impuso a los trabajadores cinco años más de labor para poder acceder a la causal jubilatoria lo que definió como una “confiscación de tiempo de libertad”, y también hubo una “confiscación económica, porque se debe trabajar cinco años más para cobrar un 10% menos de promedio jubilatorio. Se pasa de 55 a 45%”.
Agregó que hubo otra “confiscación más sofisticada, pero no menos lesiva, porque se cambió la base de cálculo para llegar al porcentaje jubilatorio. Antes se tomaban los últimos diez años o los mejores 20 más cinco años y ahora son sólo 20 años”.
El dirigente sindical dijo que “también se confiscó el derecho a elegir, porque a los trabajadores se los obliga a estar en una AFAP que es un servicio privado y cobran un 20% de la asignación computable destinada a ese servicio”. Remarcó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea una “hoja de ruta” de “cómo desprivatizar la seguridad social por lo nefasta que ha sido”.
Mientras que Sosa expresó que el plebiscito se impulsó en reacción a una “muy mala ley de seguridad social que, en realidad, fue de jubilaciones y pensiones”.
En cambio, Saldain dijo que “la iniciativa del PIT-CNT y de los partidos Socialista y Comunista y otros partidos, es un ejemplo de texto de cómo no formular una política pública, porque no hubo un estudio de viabilidad ni de impacto financiero y sí existió una definición de carácter ideológico”. Agregó que se ha colocado al Uruguay en una “cruz del camino que altera los consensos macroeconómicos básicos que se han mantenido en el país desde el retorno a la democracia hasta la actualidad”.
“Es imprudente, porque por cada peso de mayor ingreso que se le da al Banco de Previsión Social (BPS) le pone mucho más de mayor gasto cuando cada vez menos jóvenes van a tener que ser suficientemente productivos para sostener una población cada vez mayor”, indicó.
En el mismo sentido, Pasquet dijo que lo primero que le choca de la reforma es la prohibición del ahorro individual con fines jubilatorios, lo que calificó como una “restricción personal que no tiene justificación”. También expresó que existe un “atentado grosero contra la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, porque a los que han ahorrado en las AFAP, a lo largo de 28 años, se les quitará esos ahorros para derivarlos a un fideicomiso”. Agregó que la reforma atenta contra la sostenibilidad del sistema financiero.
Otro de los aspectos del debate se refirió a la sostenibilidad y el financiamiento de la seguridad social.
Sobre este aspecto, Pasquet dijo que en temas económicos hay que conocer la opinión de los que realmente saben y aseguró que “el 99% de los economistas de todos los partidos políticos y centros de estudios independientes dicen que la reforma es insostenible”.
A su turno, Sosa dijo que “es verdad que hay que preguntarle a los que saben, pero los que saben también trabajan sobre supuestos y eso dice el informe del BPS”. Agregó que la sostenibilidad del sistema está asegurada por al menos 20 años.
Saldain expresó que la propuesta, de aprobarse, “más que duplica el desequilibrio que tenía el sistema lo que será en detrimento de los beneficios a pagar”.
A su turno, Sommaruga pidió “no subestimar a los trabajadores”, y recordó que uno de sus mejores docentes en la Universidad de la República era grado 5 en Filosofía del Arte, pero no tenía título universitario. “¡Ojo con caer en la dicotomía de los ilustres que todo lo saben y la de los otros que tenemos que recibir órdenes, agachar la espalda y hacer sólo lo que dicen los que saben!”. En ese momento, el dirigente sindical recibió un fuerte aplauso del público presente.
Sommaruga prosiguió y dijo que el saber es universal y lo que expresó no va en contra de la ciencia a la que defiende apasionadamente, pero remarcó que la ciencia creó la penicilina que trajo la civilización hasta el presente, pero también creó la bomba atómica que destruyó vidas humanas. “La ciencia no es neutral, tiene ideología y política detrás y se lo dice un profesor de filosofía”, aclaró.
Por otro lado, citó el informe de la OIT sobre la “reversión de las privatizaciones de las pensiones” en el que se habla de la reconstrucción de los sistemas públicos de pensiones en los países de Europa Oriental y América Latina. Dijo que de los 30 países que privatizaron el sistema de pensiones y jubilaciones, 18 las revirtieron. En tal sentido, el dirigente sindical agregó que en el informe se habla del “fracaso del sistema de pensiones privadas obligatorias para mejorar la seguridad de ingresos en la vejez, su bajo desempeño en términos de cobertura, niveles de beneficio, costos administrativos y de transición, impactos sociales y fiscales negativos, entre otros aspectos”. Agregó que “eso dicen técnicos, que quizás son ‘terraplanistas’, pero son de la OIT”.
“No admito que en este país se hable naturalmente de tener 308.000 jubilados y pensionistas ganando 18.000 pesos por mes. Cuando hablamos de sostenibilidad, no puedo dejar pasar por alto que se naturalice la no sostenibilidad social, el dejar afuera a tanta gente. No es normal, no está bien”, sentenció.
Otro capítulo al que se refirieron los exponentes fue sobre “los impactos en el bienestar, cobertura, suficiencia y equidad”.
En ese marco Sommaruga dijo que las AFAP “han fracasado en cuanto a la suficiencia”, e indicó que el 88,9% de los afiliados a las AFAP cobran, en promedio, 5.053 pesos”. En cuanto a la cobertura, manifestó que el BPS “paga, entre otros beneficios, asignaciones familiares, licencia maternal o el seguro de paro a trabajadores", y agregó que “es claro que el gerente de un banco o el CEO de una multinacional no necesitan un seguro de paro”.
“Se aprobó una ley que nos recortó derechos jubilatorios, salario jubilatorio, pero parece que a las multinacionales, como ‘Pedidos Ya’ no se les puede poner aporte patronal o a las empresas del sector de agronegocios, que pagan 1,9%, no se las puede tocar. En el 2022 tuvimos récord de exportaciones, 36.5 millones de dólares por día -según el Instituto Uruguay XXI-, y el año pasado los bancos tuvieron 2.2 millones de dólares de ganancia y no los podemos tocar porque el país se derrumba. Pero castigar a los trabajadores sí, porque ‘hay una transición demográfica’. El problema es tener el pensamiento único de sólo aplicar el ajuste contra los trabajadores, eso no lo podemos admitir”, remarcó.
Aseguró que hay alternativas para financiar la reforma de la seguridad social, “porque el 41% del IVA en Uruguay no se cobra, el 22% es por evasión, y antes de combatir el delito de defraudación tributaria aumentan la edad jubilatoria a los trabajadores y bajan un 10% de jubilación”. También dijo que el 54% el IRAE no se cobra y el 36% de ello también es por evasión y no hay ningún partido político pidiendo la cabeza del Ministerio de Economía”.
Sosa indicó que hay que pensar en los 400.000 trabajadores que quedan fuera del mercado laboral.
Vea el debate completo
