Sindicatos presentarían recurso de inconstitucionalidad contra Ley de Medios, y Lacalle veta artículo sobre “imparcialidad”

En la madrugada de este jueves 8 de agosto, la Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley de Medios con los votos de la coalición oficialista (50 a 41). A partir de ahora, la iniciativa debe ser promulgada por el presidente, Luis Lacalle Pou.

Sin embargo, el mandatario decidió vetar el artículo 72 de la iniciativa que había sido presentado por Cabildo Abierto. Dicho artículo establecía que: “Los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. Los servicios de difusión regulados por la ley tienen el deber de brindar a los ciudadanos información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos. Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político en el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, jurídico, académico y electoral”. A la vez, el artículo vetado disponía que quedaban exceptuados de esta disposición “los programas o espacios de comunicación de partidos políticos, agrupaciones partidarias, instituciones universitarias y académicas públicas y privadas, sindicatos, asociaciones estudiantiles, cooperativismo, centros comerciales, organizaciones rurales, cámaras empresariales, agrupaciones profesionales y otras fuerzas sociales de la República. En tal caso, debe quedar claramente identificada, sin ningún lugar a confusión, la entidad responsable del programa o espacio”.

Legisladores del Partido Colorado manifestaron que votarían el artículo porque estaban seguros de que el presidente lo vetaría, mientras que, desde Cabildo Abierto, el sector que promovió el artículo, lo votaron con la convicción de que el mandatario lo mantendría firme.

Lo cierto es que, pasado el mediodía de este jueves, Lacalle Pou decidió vetar el polémico artículo 72 ante una andanada de cuestionamientos de organismos internacionales. En efecto, las críticas al artículo fueron realizadas por la UNESCO, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, la Alianza Regional por la Libre Expresión, el Comité de Protección de Periodistas, y la Federación Internacional de Periodistas de América Latina y el Caribe.

Luis Curbelo, periodista y directivo de la Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) dijo al Portal del PIT-CNT que APU solicitó a los legisladores que no avanzaran en esta normativa entre otras cosas porque “no respeta la libertad de expresión”.

Dijo que “la coalición de gobierno avanzó en un proyecto de ley que fue cuestionado dentro de la propia coalición, como, por ejemplo, el Partido Colorado, que lo votó con la convicción de que el presidente vetaría el artículo 72 sobre las restricciones a la libertad de prensa. Mientras que Cabildo Abierto lo votó con la certeza de que el presidente no vetaría ese polémico artículo. Es increíble que dentro de la misma coalición existan este tipo de contradicciones”.

Curbelo lamentó que en la normativa recientemente sancionada por el Parlamento “se abandone el concepto de monopolio y oligopolio en relación con la acumulación de medios de comunicación, lo que favorece a los grandes grupos empresariales; se elimine la declaración de que los servicios de comunicación audiovisual son de interés público por el papel que cumplen en la promoción de los valores democráticos; y se elimine también la declaración de que el espectro electromagnético es un patrimonio de la humanidad que está por encima del país”.

Curbelo manifestó que “también son preocupantes los beneficios otorgados a los grandes grupos económicos, y que durante este gobierno ha habido señales muy claras en ese sentido, como el apoyo brindado a los canales privados para producciones audiovisuales que ni siquiera son nacionales, ya que se compran licencias de otros países para hacer reality shows”.

Remarcó que “se modifica el límite máximo de licencias por titular, que pasa de tres licencias de radio o televisión abierta a cinco, seis en el interior y una licencia de televisión abierta adicional. Acá se está beneficiando directamente a los grandes grupos económicos que ya están monopolizando el mercado, pues existen dos o tres grupos que poseen la mayoría de los medios. Ahora, esta situación se consolida legalmente”.

El comunicador dijo que “las empresas que eventualmente habían vendido algunos medios para cumplir con la ley anterior, cuando se empezó a hacer un control muy básico, ahora ven revertida esta situación y podrán comprar los medios de los que se habían desprendido o fingido desprenderse”.

Otros aspectos graves son que “se elimina el Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual Nacional” y “la obligación de incluir las señales de televisión nacional en el paquete básico de los cableoperadores, lo que representaba una oportunidad para que la televisión pública tuviera difusión nacional”.

 “Como periodistas, lo único que logramos fue que se mantuviera la cláusula de expresión de conciencia, que nos permite negarnos a incluir nuestro nombre en contenidos que hayan sido modificados sustancialmente sin nuestro consentimiento. Sin embargo, es una victoria pírrica, porque estamos preocupados por todo lo que sí se aprobó y también por lo que se eliminó, como, por ejemplo, la declaración de que los medios de comunicación tienen derecho a la libertad editorial y que la prensa tiene derecho a realizar su labor de forma independiente, sin presiones directas o indirectas, lo que significa que eventualmente podrían existir presiones,” advirtió el dirigente sindical.

Inconstitucionalidad

Curbelo dijo que la ley contiene muchos aspectos negativos que han sido cuestionados a nivel nacional e internacional; “sin embargo, el gobierno se mantuvo firme y avanzó en la aprobación de un engendro”.

Aseguró que el hecho de que se aprobara rápidamente, como grave y urgente, en el marco de una campaña electoral, le agrega un “condimento no menor”.

Curbelo indicó que existe la posibilidad de presentar un recurso de amparo o de inconstitucionalidad, al menos contra un artículo de la ley. Este es el artículo 76, que crea cargos y viola lo dispuesto por la Constitución de la República al no ser establecido por una ley de Presupuesto. El artículo 229 de la Constitución establece que no se pueden crear cargos en los 12 meses anteriores a las elecciones. Tales aspectos fueron advertidos por el Departamento Jurídico del Parlamento.

Por su parte, el asesor legal de SUTEL, el abogado Luis Acosta, sostuvo que la ley “nace con una tacha de inconstitucionalidad que los propios servicios jurídicos del Parlamento señalan a los parlamentarios”.

Acosta aclaró que, por el momento, no anunciará qué medidas se pueden adoptar desde el punto de vista jurídico, porque aún se están analizando.

“Desde el movimiento sindical se velará porque los derechos de los trabajadores y, en general, los de la ciudadanía sean respetados, y por lograr atemperar en la medida de lo posible los efectos que una norma tan perjudicial pueda tener para los uruguayos”, planteó.

Mientras que Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM) dijo que más allá del veto al artículo 72 de la Ley de Medios la misma sigue siendo un “retroceso en materia de pluralismo, transparencia y libertad de expresión y eso lo han expresado numerosos organismos y organizaciones internacionales de libertad de expresión”.

 “Habrá que trabajar desde hoy mismo para derogar o modificar sus disposiciones más nefastas en el próximo período”, aseguró Gómez.