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La empresa estatal había intentado recusar a los miembros del tribunal, alegando "prejuzgamiento", pero su solicitud fue desestimada.
El proyecto, concebido para suministrar agua a la zona metropolitana tras la grave sequía del año pasado, sigue enfrentando barreras legales que impiden su avance.
La reciente decisión judicial surge luego de que el tribunal rechazara un intento anterior de OSE para apartar al juez Alejandro Recarey, responsable de frenar la firma del contrato necesario para iniciar las obras.
El Tribunal de Apelaciones argumentó que OSE no logró justificar de manera clara por qué consideraba que sus reclamos no podían ser atendidos por la corte, remitiendo el caso a la Suprema Corte de Justicia, que decidirá si lo devuelve al mismo tribunal o lo asigna a otro.
En otro frente, el consorcio Aguas de Montevideo, encargado de la ejecución de la planta, también ha presentado un recurso ante el Tribunal de Apelaciones para revertir la medida cautelar impuesta por el juez Recarey.
El consorcio, conformado por Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast Industria y Comercio LTDA, sostiene que sus derechos fueron vulnerados al no permitírsele apelar la decisión judicial que paraliza el proyecto, bajo el argumento de que las empresas "no son parte" del proceso judicial.
El consorcio presentó un informe elaborado por el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Santiago Pereira Campos, quien sostiene que las empresas deberían haber tenido la oportunidad de participar en el proceso como terceros, y defiende su legitimidad para apelar la resolución.
Este nuevo fallo representa un obstáculo significativo para el avance del proyecto Arazatí, mientras la Suprema Corte de Justicia se prepara para decidir el futuro del caso.
