Uruguay camino al Plan Nacional de implementación de los Derechos de Acceso en asuntos ambientales

Algunos de los objetivos que conforman el Plan Nacional de Implementación en relación al acceso a la información tienen que ver con: profundizar en la información activa en asuntos ambientales, anticipándose a requerimientos; fortalecer la capacidad para dar cumplimiento de las solicitudes recibidas; implementar un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, el agua, el suelo y el subsuelo, así como de materiales y desechos bajo la jurisdicción nacional; entre otros.

Respecto al acceso a la justicia en asuntos ambientales, uno de los objetivos apunta a incorporar instrumentos jurídicos para mejorar los procesos colectivos ambientales, de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Escazú. Otro de los objetivos apuesta a mejorar las posibilidades de sanción, reparación y recomposición en los casos de daño al ambiente; entre otros.

Otras líneas de abordaje contenidas en la hoja de ruta están vinculadas a: la participación púbica en los procesos de toma de decisiones ambientales; la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales en el ámbito del Acuerdo de Escazú; y la cooperación con otros Estados Partes.

La implementación del Acuerdo de Escazú será un proceso progresivo que deberá adecuarse a las capacidades nacionales; contemplar la participación de diferentes actores, entre ellos: sociedad civil, academia, sector privado, las organizaciones locales, en vínculo con los actores públicos implicados. El propio documento recoge también la necesidad de armonizar algunos aspectos el marco normativo vigente hoy en nuestro país, con las disposiciones establecidas en el propio Acuerdo.

La hoja de ruta para la implementación del Acuerdo de Escazú, fue elaborada por el MA como autoridad nacional y punto focal, y contó con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su calidad de Secretaría del Acuerdo. Recoge los aportes recibidos durante la etapa de consulta pública y otros provenientes del Grupo de Trabajo en Derechos de Acceso de la Comisión Técnica Asesora para el Medio Ambiente (Cotama), integrado por representantes de entidades públicas, privadas, académicas y de la sociedad civil.

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